CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Hemos venido denunciando en este espacio, con recurrencia y con insistencia, el enorme rezago que arrastra la Fiscalía General de Justicia en materia de carpetas de investigación.
Lo hemos señalado una y otra vez porque es una falla estructural que lastima la confianza ciudadana. Pero hoy es necesario hablar de algo todavía peor: la ineficiencia absoluta de la Policía Investigadora.
La realidad interna es contundente y, al mismo tiempo, devastadora. El sistema de procuración de justicia dejó de investigar, dejó de esclarecer y dejó de reaccionar. Los expedientes se acumulan no solo porque hay rezago, sino porque la investigación penal se ha detenido en lo esencial.
Dentro de la Fiscalía nadie lo dice públicamente, pero todos lo conocen: el esclarecimiento de delitos en general es prácticamente inexistente. Las denuncias entran y se disuelven en un laberinto administrativo que se ha vuelto costumbre. El ciudadano cumple con denunciar; La Fiscalía incumple al no investigar. Esa renuncia silenciosa es la fábrica más eficiente de impunidad que ha tenido Tamaulipas en los últimos años.
El caso más emblemático del desastre es el robo. Allí, donde la ciudadanía más exige resultados, la eficacia investigativa es simplemente grotesca: solo el 0.5% de los robos se esclarece. De cada cien robos, apenas medio caso llega a algún tipo de resolución. Medio. Un porcentaje tan ridículo como alarmante, que deja en ridículo cualquier discurso oficial de resultados.
Pero el robo no es la excepción: es la muestra más visible de un fenómeno generalizado. Los delitos patrimoniales en su conjunto —robo a vivienda, comercio, vehículo, fraude, daños— están abandonados. No hay investigación, no hay seguimiento, no hay método. Sólo hay expedientes estacionados en un sistema que dejó de funcionar.
Hablar de un rezago técnico es quedarse corto. Lo que existe es un rezago de miedo, una parálisis profunda en la investigación penal que debería escandalizar a cualquier autoridad con sentido de responsabilidad.
Las cifras extraoficiales del rezago global —más de 50 mil carpetas de investigación acumuladas según cálculos prudentes, cerca de 100 mil según fuentes internas— son apenas la superficie del problema. Lo verdaderamente grave está ocurriendo en el presente porque los delitos que se cometen hoy tampoco se investigan. El sistema no sólo está rebasado; está apagado.
Sin investigación no hay esclarecimiento, y sin esclarecimiento la impunidad se vuelve inevitable. Pero esa impunidad, además, se profundiza cuando la cadena de justicia se rompe también en la ejecución de órdenes de aprehensión. Los jueces ordenan detenciones, los ministerios públicos hacen su parte, pero la Policía Investigadora no cumple.
Y aquí es donde el colapso adquiere forma: la Policía Investigadora se ha convertido en un elefante blanco. Existe en organigramas, pero no en resultados. Es una corporación cuyo nombre ya no corresponde a su función. Sus mandos se han dedicado a todo, menos a dirigir una institución que debería ser el corazón de la investigación criminal.
Lo más preocupante es que esto no siempre fue así. Jesús Eduardo Govea Orozco conoce la época en que la Policía Ministerial combinaba disciplina y eficacia. Había errores, sí, pero también había presencia y resultados. La corporación actual, en cambio, está desaparecida de la escena operativa y reducida a un simple ente administrativo.
Ese deterioro explica en buena medida el colapso investigativo. Sin una Policía Investigadora fuerte, profesional y en la calle, el esclarecimiento de delitos es una aspiración vacía. No hay detenciones, no hay seguimiento, no hay inteligencia. La justicia no solo falla: se evapora.
La llegada de Govea, el próximo 16 de diciembre, coincide con el momento más crítico para la Fiscalía. No recibirá una institución solo desgastada; recibirá una institución en estado de inmovilidad. Un organismo que necesita mucho más que ajustes administrativos: necesita resucitar.
Para lograrlo, la primera intervención debe ser quirúrgica y contundente en la Policía Investigadora. Es ahí donde se concentra buena parte del fracaso. Se requiere una sacudida enorme, una reestructuración profunda que elimine vicios, recupere disciplina y reinstale la vocación de investigar.
Pero la sacudida no puede detenerse ahí. Debe alcanzar a ministerios públicos, peritos, unidades administrativas y mandos superiores. La Fiscalía necesita recuperar el sentido fundamental de su existencia investigar delitos, esclarecerlos y llevar a los responsables ante la justicia.
Tamaulipas no puede seguir con un sistema donde denunciar se ha vuelto un acto de fe, y donde investigar es una excepción. La ciudadanía merece un Estado que cumpla su deber, no un aparato institucional que acumule fracasos.
Nada cambiará si no se reconoce que la impunidad que hoy vivimos no es accidental: es el resultado directo del abandono de la investigación penal. Un abandono que lleva años gestándose y que ahora ha alcanzado niveles intolerables.
De Govea dependerá romper esa inercia y devolverle sentido a la procuración de justicia. Su reto no es sólo técnico: es moral. No se trata de administrar una crisis, sino de desmontarla.
El tamaño de la crisis es inmenso. El tamaño de la urgencia lo es aún más.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
