Alberto Serna
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que la dependencia ya comenzó a recibir informes preliminares relacionados con posibles irregularidades administrativas, los cuales se encuentran en proceso de revisión conforme a sus atribuciones legales.
Explicó que estos informes permiten iniciar trabajos preventivos o correctivos con las dependencias involucradas.
“En función de las observaciones, hay que hacer que se trabajen con los secretarios para que puedan implementar medidas preventivas o correctivas, o en su caso, iniciar las propuestas de responsabilidad administrativa, pero de faltas no graves, que es lo que le compete a esta dependencia”, precisó.
Pedraza Melo indicó que hasta el momento se han recibido alrededor de cinco informes. “Algunos informes ya nos han hecho llegar de entidades y ya empezamos a trabajar con los ejemplos de interés”, señaló.
Detalló que estos casos corresponden a entidades, entre ellas algunas universidades, al aclarar que los municipios no entran en la competencia directa de la secretaría.
“Las universidades son entidades, los municipios no tenemos competencia porque son entidades autónomas”, puntualizó.
En cuanto al ámbito de fiscalización, la funcionaria explicó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior del Estado tienen competencia sobre recursos estatales, mientras que los recursos federales son atribución exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación. “La competencia tanto de la Auditoría Superior del Estado como de esta secretaría es auditar recursos estatales; los recursos federales es competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación”, aclaró.
Sobre los procedimientos sancionadores, Pedraza Melo recordó que las faltas no graves son atendidas por la secretaría, mientras que las faltas graves corresponden a las instancias fiscalizadoras superiores.
“Las no graves son de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno; las graves le corresponden a la Auditoría Superior del Estado y a la de la Federación”, afirmó.
En relación con las inhabilitaciones, indicó que sí existen sanciones impuestas por la dependencia estatal. “Por parte de nosotros hay varias inhabilitaciones”, dijo, al explicar que estas se publican en la plataforma nacional, aunque algunas ya no aparecen debido a que el periodo de sanción concluyó.
“Nuestras inhabilitaciones son de tres meses hasta un año; una vez que vencen, dejan de estar en la plataforma”, detalló.
Finalmente, reconoció que en algunos casos los sancionados han promovido recursos legales. “En algunos casos han metido recursos de amparo, pero ahí vamos avanzando”, concluyó.
