Por Agustin Peña Cruz
Ciudad Altamira, Tamps.- El debate sobre la nueva Ley General de Aguas volvió al centro
del escenario nacional al calor de la crisis hídrica que golpea a México. Para el diputado
federal César Augusto Verástegui Ostos, integrante de la Comisión de Desarrollo y
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, el problema no solo radica en la
regulación, sino en la ausencia de una visión de largo plazo y en la desatención a las
infraestructuras de captación, distribución y almacenamiento. Su postura es tan técnica
como política: “la crisis hídrica es falta de voluntad política; sin voluntad no hay recurso, y
cuando tengamos el problema, aunque haya dinero, ya no hay manera de resolverlo porque
el agua se fue al mar”.
El legislador se pronuncia críticamente sobre la iniciativa de ley, al considerar que no
favorece ni a agricultores ni a ganaderos. Una de sus mayores preocupaciones recae en el
esquema de transferencias de derechos de agua: si un propietario fallece, la concesión no
se hereda; en cambio, pasa a un comité. La medida, afirma, despoja a las familias rurales
de un elemento importante de su patrimonio productivo. “Si tú tienes un terreno y te vas de
este mundo, la herencia no se podrá ceder con el derecho de agua. Es absurdo”, señala. El
impacto sería profundo para regiones cuya sobrevivencia económica depende del riego.
Verástegui Ostos recuerda que México ha contado por décadas con estadísticas precisas
de aguas superficiales y subterráneas, con un inventario reconocido por la Comisión
Nacional del Agua (Conagua). El problema, insiste, no es falta de datos, sino falta de
inversión. Las unidades y distritos de riego carecen de recursos, los sistemas lagunarios
operan sin modernización y la infraestructura de derivadoras —ya sean de río, de
almacenamiento o de manantial— registra un rezago que compromete la eficiencia
hidráulica. En la zona sur de Tamaulipas, la evidencia es contundente: miles de metros
cúbicos de agua dulce se pierden cada año en su camino al mar por el Tamesí y el Pánuco,
ante la incapacidad gubernamental de retenerlos.
El diputado ilustra el potencial desperdiciado: si se elevara un metro el nivel del sistema
lagunario —que abarca aproximadamente 400 mil hectáreas— la capacidad de captación
sería monumental. La cifra, calculada sobre la base de hectárea por metro cúbico, equivale
a un volumen capaz de abastecer múltiples veces el corredor industrial de Altamira y
garantizar el suministro para Tampico y Madero sin recurrir a medidas de emergencia. Sin
embargo, los proyectos de diques y presas permanecen detenidos o abandonados. “Si un
ciudadano no puede acaparar agua, ¿por qué el gobierno no acapara toda esa agua que se
va al mar?”, cuestiona.
La cuenca hidrológica del Guayalejo ocupa un lugar central en su análisis. Con 144 mil
hectáreas que abarcan municipios como Llera, Jaumave, Gómez Farías y Ocampo, la
cuenca alimenta ríos cruciales: el Guayalejo, el Sabinas, el Frío, el Mante y el Tantoán.
Toda esta agua desemboca en el sistema lagunario que da vida a González, El Mante,
Xicoténcatl y la zona conurbada del sur de Tamaulipas. La cuenca, sostiene, es una
bendición natural desaprovechada por falta de proyectos estructurales. Entre ellos destaca

la ausencia de presas rompepicos que permitan regular la descarga de los afluentes y
eviten inundaciones recurrentes en zonas como El Limón, donde el cauce del río se desvía
por falta de capacidad de conducción.
Las presas rompepicos, explica, funcionan como válvulas de retención que permiten
desfogar paulatinamente los caudales cuando convergen los ríos Guayalejo, Sabinas, Frío y
Comandante. Sin estos mecanismos, la fuerza del agua rebasa canales y bordos,
provocando inundaciones que podrían evitarse con inversiones relativamente pequeñas
comparadas con las pérdidas agrícolas y urbanas que generan.
El legislador sostiene que el país enfrenta un enfoque equivocado: se actúa como si el
problema del agua dependiera exclusivamente de que llueva o deje de llover. La falta de
visión sistémica —municipal, estatal y federal— perpetúa la lógica de emergencia. “Si
realmente importara el tema del agua, habría inversiones. No podemos seguir pensando en
el agua como un asunto de suerte”.
Para Verástegui Ostos, la regulación es necesaria, pero no en los términos planteados por
la nueva ley. El país requiere una política que priorice infraestructura, equilibrio ecológico,
seguridad hídrica y aprovechamiento integral de cuencas; una regulación que no castigue al
productor ni elimine derechos adquiridos; y una estrategia que reconozca que el agua es un
factor económico, social y de seguridad nacional.
En el centro del debate, la cuenca del Guayalejo surge como un ejemplo del potencial que
México desperdicia año tras año. La naturaleza, afirma el diputado, ha hecho su parte: dotó
a Tamaulipas de uno de los sistemas hidrológicos más generosos del país. Falta que el
Estado haga la suya. Porque, mientras no haya voluntad política ni inversión, el país seguirá
viendo cómo su agua —su recurso más valioso— termina en el mar mientras millones de
ciudadanos y productores padecen la escasez.