Cd. Victoria, Tam.- Un sector visible de la opinocracia nacional señala hoy que las fiscalías, en sus recientes procesos de relevo, parecen nombramientos disfrazados del Ejecutivo, quedando en entredicho su autonomía.
Cierto o no, importa preguntar en qué han fallado (la federal y las 32 estatales) y por qué han llegado a representar un estorbo para la cabal impartición de la justicia.
Se recordará que el proceso para transformar las antiguas procuradurías en fiscalías inicia en 2013 con una propuesta de la bancada panista, recién llegado al poder el tricolor ENRIQUE PEÑA NIETO.
Adoptada la causa por la diputación del PRI, la idea se concreta en febrero de 2014 al publicarse en el Diario Oficial la reforma constitucional que reemplazaría a la PGR por la FGR.
La Fiscalía ya no sería parte del Poder Ejecutivo y tendría “autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propios”. Ello, mientras en numerosas tribunas se escuchaba el clamor de “impunidad cero” que parecía unificar criterios en las trincheras partidistas.
Lo cual aterrizó en la práctica tras la elección presidencial de 2018, con la instalación de ALEJANDRO GERTZ MANERO. En el ámbito regional el tema había empezado a moverse desde 2014 con una serie de reformas a las constituciones estatales, siguiendo el modelo federal.
¿FUE PARA BIEN?
Importa preguntar si realmente se han cumplido los propósitos más publicitados de dichas reformas en cadena. ¿al quedar la persecución del delito en manos de una institución separada del Ejecutivo, disminuyó en verdad la injerencia política en las investigaciones penales?
O al contar las nacientes fiscalías con presupuesto propio, ¿pudieron operar con estructura, recursos humanos y criterios técnicos para así alcanzar la ansiada profesionalización, operando con transparencia, rendición de cuentas y mejores resultados en el combate al delito y la impunidad?
Quizás se pensó de manera muy ingenua que el cambio en el papel modificaría en automático vicios ancestrales. Amén de suponer que la indeseable injerencia política provenía únicamente de los gobiernos en funciones, sin prevenir (¡oh sorpresa!) que los más interesados en ralentizar y pervertir la justicia serían los personajes de regímenes anteriores.
Los emisarios del pasado inmediato, de cuyos intereses se convertiría en defensor el fiscal transexenal que dejaron por herencia. ¿Los reformadores no lo vieron venir?..
Lograron desarmar a los mandatarios entrantes y quitarles con ello responsabilidad en la buena o mala administración de la justicia, pero las fiscalías se convirtieron en nichos de impunidad para los gobiernos previos.
FASE EXPANSIVA
Al presente 2025, nos encontramos muy lejos de la anhelada “impunidad cero”. De hecho, el delito escaló hasta cubrir la totalidad del territorio nacional. Predomina la sensación de que tanto los ilícitos de orden criminal como los de cuello blanco, en particular la corrupción, no son castigados. Las denuncias aparecen en los medios pero una proporción menor se judicializa y, de estos, pocos se castigan.
En las entidades (donde, por cierto, los periodos son de 7 años, en lugar de 9), la transición empezó en 2014 (Michoacán) para continuar en 2015 (Baja California Sur), 2016 (Aguascalientes , Colima , Guanajuato , Estado de México, Nuevo León , Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz), 2017 ( Coahuila , Chihuahua , Nayarit , Oaxaca , Puebla, Querétaro, San Luis Potosí , Sinaloa), 2018 (Chiapas , Ciudad de México, Durango, Guerrero , Jalisco, Morelos , Sonora , Yucatán, Zacatecas ) y 2019 (Baja California, Campeche, Hidalgo , Tabasco y Tlaxcala).
En Tamaulipas, el tema se abordó en octubre de 2016, con la llegada de CABEZA DE VACA, la reforma data de 2017 y concretó en 2018, al entrar en vigor la Ley Orgánica de dicha Fiscalía.
Queda para la historia que el último procurador (2016-2018) y primer fiscal (2018-2025) son la misma persona, IRVING BARRIOS, quien (contra todos los pronósticos) permaneció en el cargo hasta concluir su gestión, este diciembre.
MALA COSECHA
¿Fue autónomo IRVING?, definitivamente sí, en su relación con el doctor AMÉRICO VILLARREAL. Aunque sometido al anterior grupo político que lo trajo a Tamaulipas, el de PANCHO CABEZA. Lo cual parece un fenómeno generalizado el que los nuevos mandatarios perciban al fiscal como un caballo de Troya del viejo régimen.
Hay entidades donde los fiscales han sido removidos por los congresos locales o “renunciados” bajo presión antes de terminar su gestión, como Veracruz, Morelos, Sonora, Baja California, Quintana Roo y Guerrero. Otros fueron, además, perseguidos, como JORGE WINCKLER en Veracruz y URIEL CARMONA en Morelos.
Y algo más. Al no tener mando sobre las fiscalías, los gobernadores tampoco tienen responsabilidad directa sobre su buena o mala gestión. Se quedan sin instrumentos para hacer cumplir sus promesas de justicia.
Otro problema señalado en el caso del exfiscal federal GERTZ MANERO fue la nula colaboración con el ámbito paralelo de la Seguridad. Hoy, precisamente, cuando la actividad criminal ha tocado picos históricos y hace tanta falta la suma de voluntades, en bien de la protección ciudadana.
El señor GERTZ convirtió el cargo en un despacho privado donde gestionó de manera exclusiva los asuntos que a él (y solo a él) interesaban y convenían. El tema merece revisión profunda, en base a resultados.
BUZÓN: [email protected]
