Alberto Serna
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El diputado de Morena, Byron Alejandro Eduardo Cavazos Tapia, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el fin de castigar con mayor rigor a las personas servidoras públicas que ejerzan violencia familiar aprovechándose de su cargo.
El legislador advierte que cuando un agresor pertenece al servicio público, la violencia adquiere una dimensión institucional. “Cuando esta forma de violencia es ejercida por una persona servidora pública, el daño no solo se agrava, sino que adquiere una dimensión institucional que exige una respuesta proporcional, firme y clara del Estado”, señaló.
Cavazos Tapia sostiene que la ley actual no contempla un régimen específico para estos casos y que ello genera “vacíos normativos”.
“La ausencia de una regulación clara y categórica sobre este tipo de violencia institucional-familiar genera vacíos normativos que permiten que personas que detentan poder público utilicen su cargo para intimidar a la víctima, retrasar procedimientos, manipular testimonios o evadir la acción de la justicia”, advierte.
La iniciativa plantea agregar un apartado en el artículo 4 para que, “en los casos de violencia familiar cometida por personas servidoras públicas que se valgan de su posición de poder o cargo para ejercerla, dicha conducta sea sancionada con independencia de los delitos en los que haya incurrido la persona agresora”, además de prever sanciones administrativas.
También propone incorporar en el artículo 9 septies que deberá considerarse como agravante “la relación de poder, subordinación y privilegio que tiene la persona servidora pública por su cargo” en situaciones de violencia contra mujeres, niñas o adolescentes.
El diputado justifica la necesidad de la reforma en compromisos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que obligan a los Estados a adoptar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres.
“El agravante de que el agresor sea servidor público no es un simple dato administrativo: implica un elemento de poder real, simbólico y material que puede ser utilizado indebidamente para generar un clima de miedo”, expuso.
Afirmó que el Congreso debe cerrar espacios de impunidad, “No puede permitirse que la investidura, el fuero simbólico o la influencia institucional se conviertan en instrumentos de intimidación o violencia”, aseguró.
La iniciativa fue turnada para su análisis en comisiones.
