CONFIDENCIAL

Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.

Hasta hace poco más de dos décadas, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), convertida en Fiscalía a partir del 18 de enero de 2019, era un verdadero dolor de cabeza para la delincuencia, particularmente para la organizada y la dedicada al narcotráfico. Su presencia era incómoda, firme y constante.

En entidades como Tamaulipas, los decomisos de enormes cantidades de droga y las capturas de operadores criminales eran parte del paisaje cotidiano. La entonces Policía Judicial Federal, que luego se convirtió en Agencia Criminal de Investigación y después en lo que ahora es la Policía Ministerial Federal, aparecía con frecuencia en los titulares de los medios por sus golpes certeros contra los distintos grupos delictivos.

Lo sabemos porque como reporteros cronicamos el trabajo de la institución.

Sin embargo, algo se rompió. La FGR cayó en un marasmo grotesco. Dejó de hacer incautaciones relevantes, dejaron de registrarse detenciones importantes y sus delegaciones, como la de Tamaulipas, se convirtieron en simples oficinas burocráticas.

Eso sí: la corrupción se disparó. Presentar una denuncia por un delito federal solo es posible “aceitando la maquinaria” de las agencias del Ministerio Público. Y cuando hay un detenido de por medio, la defensa jurídica se convierte en un infierno para la familia y sus abogados.

Por eso cobra relevancia el proceso de designación de un nuevo titular de la FGR por parte del Senado de la República. Es claro que el procedimiento es más protocolo que competencia, porque de antemano se sabe que la elegida será Ernestina Godoy Ramos. Pero más allá de la liturgia y de la autonomía cuestionada, el relevo abre una ventana para intentar revivir a la institución.

La llegada de un nuevo mando ofrece el mejor pretexto para revisar el estado real de la FGR. Porque lo ocurrido en los últimos años no es solo desgaste institucional: es una desaparición silenciosa. Desde el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la fiscalía federal dejó de ser un actor en el combate al crimen y se transformó en una figura decorativa.

Un elefante blanco que consume presupuesto, pero no produce justicia. Su policía se esfumó; sus agentes ministeriales dejaron de investigar; sus resultados se cuentan con los dedos de una mano… y sobran dedos.

Tamaulipas es la fotografía perfecta de esa caída. Acabó el tiempo en que la PGR era una pesadilla para los cárteles. Los decomisos eran constantes, las detenciones frecuentes y la presencia federal, aunque incómoda, era visible y, sobre todo, efectiva.

Hoy, esa historia parece ficción. La FGR no aparece, no investiga, no incomoda y, peor aún, ni siquiera atiende de manera digna a los ciudadanos que intentan denunciar delitos del orden federal. Quien no paga, no existe.

La corrupción terminó por asfixiar lo poco que quedaba. Redes internas de privilegios, expedientes que avanzan al ritmo del interés, policías ministeriales cuya ausencia pesa más que su trabajo, y un Ministerio Público federal sin liderazgo.

A estas alturas, la fiscalía no solo es ineficaz: es un obstáculo para la justicia. Y en un país acosado por delitos del fuero federal, eso resulta inadmisible.

Por eso el relevo importa. No porque vaya a transformar el equilibrio político, sino porque representa la última oportunidad para rescatar a la FGR del pantano en el que se hundió. Ernestina Godoy llega con un origen político evidente, pero también con el reto monumental de reanimar un cuerpo clínicamente muerto.

Si no limpia, si no depura, si no rompe las redes internas de corrupción, si no reconstruye a su policía y no establece de inmediato una agenda clara de prioridades, nada cambiará. Y entonces el país seguirá navegando sin fiscalía y con la delincuencia federal operando con absoluta comodidad.

Tamaulipas necesita de vuelta una fiscalía federal que exista, que investigue, que persiga y que enfrente a quienes mueven drogas, armas y dinero. Y México lo necesita igual. La FGR no puede seguir siendo una sombra burocrática que flota sin rumbo, ni una ventanilla donde denunciar es un tormento reservado para quienes pueden pagar.

La designación inminente de Godoy quizá no entusiasme a nadie, pero podría ser el inicio de una reconstrucción impostergable. La fiscalía no requiere maquillaje político: requiere cirugía mayor.

Porque el país ya no puede darse el lujo de tener una Fiscalía General que solo exista en el organigrama. Necesita una institución viva. Capaz de investigar. Capaz de incomodar. Capaz, al fin, de cumplir su función.

La pregunta es si la nueva fiscal tendrá la voluntad y el valor de hacerlo.

ASÍ ANDAN LAS COSAS.

roger_rogelio@hotmail.