Columna Opinión Económica y Financiera.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
Un país que no invierte sostenidamente en infraestructura y en servicios básicos como salud y educación compromete su crecimiento potencial, profundiza la desigualdad y debilita su resiliencia macroeconómica. El dato más reciente del Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) de INEGI, correspondiente a septiembre de 2025 y publicado este miércoles 3 de diciembre, confirma la gravedad del deterioro de la inversión.
INEGI informó que en septiembre de 2025, con cifras desestacionalizadas, la formación bruta de capital fijo disminuyó 0.3% respecto al mes previo, extendiendo la racha de debilidad inversora.
Reportes de prensa que retoman el boletín señalan que, a tasa anual, la inversión fija bruta se contrajo alrededor de 8.9%, acumulando más de un año de caídas continuas, lo que refleja un deterioro persistente de la capacidad productiva futura.
Desde agosto de este año, el INEGI reporta que la inversión fija bruta cayó 2.7% mensual y 8.9% anual en cifras desestacionalizadas, con descensos en maquinaria y equipo (-3.1%) y en construcción (-1.5%).
Con cifras originales, la contracción anual fue de 10.4%, con desplomes en construcción no residencial (-17.9%) y maquinaria y equipo (-13.7%), y un fuerte retroceso de la inversión pública (-21.2%), lo que refleja menor formación de capacidades productivas del Estado.
Impacto macroeconómico de la desinversión
El propio INEGI recuerda que el IMFBCF mide la inversión en activos fijos utilizados por más de un año, de modo que su caída implica un menor crecimiento del acervo de capital, estancamiento de la productividad y una trayectoria de PIB potencial más baja.
Cuando la contracción se concentra en construcción y maquinaria y equipo, se frena la modernización tecnológica, se debilitan encadenamientos industriales y se limita la generación de empleo formal de calidad.
Salud, educación y desigualdad
La evidencia de organismos y centros de análisis muestra que la inversión en infraestructura de salud y educación tiene retornos altos en productividad laboral, movilidad social y reducción de brechas regionales.
La falta de inversión sostenida en escuelas, hospitales y servicios básicos deja a los hogares más pobres desconectados de oportunidades, consolida mercados laborales segmentados y limita el impacto redistributivo de la política social.
Riesgos estructurales para el país
En este contexto, un país que registra caídas recurrentes en el IMFBCF, como lo revela el dato de septiembre de 2025, corre el riesgo de quedar atrapado en una senda de bajo crecimiento, alta informalidad y desigualdad persistente.
La menor inversión pública, particularmente en infraestructura social y económica, amplifica estas tendencias, ya que el Estado suele ser el único actor dispuesto a financiar proyectos con altos efectos de red que el sector privado no internaliza.
Sin inversión en infraestructura social, las regiones con menor dinamismo quedan desconectadas, se encarece acceder a servicios y oportunidades, y se amplían brechas urbano-rurales y norte-sur.
La reducción de inversión pública observada en el periodo señalado por INEGI profundiza esta tendencia, porque el sector público es clave para proyectos con altos efectos de red que el privado no internaliza. Esto se traduce en menor competencia efectiva, salarios estancados y menor recaudación, lo que a su vez restringe el espacio fiscal para políticas redistributivas.
Líneas de acción urgentes
Reorientar la inversión pública hacia infraestructura económica y social de alto impacto (salud, educación, logística, agua), asegurando no solo obra, sino operación y mantenimiento.
Crear condiciones de certidumbre y estímulos para la inversión privada en maquinaria, equipo y tecnología, aprovechando al IMFBCF como termómetro mensual para ajustar oportunamente la política económica.
