Por: José Medina
Ciudad Victoria.-;La Diputada de Morena Francisca Castro Armenta propone adicionar un artículo 277 BIS al Código Penal Para el Estado de Tamaulipas, afín de garantizar el derecho a recibir alimentos a las personas mayores de 65 años en situación de abandono constitutiva de violencia intrafamiliar, mediante la modificación del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, estableciendo obligaciones claras para los familiares responsables y facultando a la autoridad judicial para intervenir de manera efectiva, fortaleciendo la protección de los derechos humanos de los adultos mayores y promoviendo la justicia social.
Señaló Castro Armenta que la iniciativa se fundamenta en la necesidad de proteger a un sector vulnerable de la población, las personas adultas mayores, quienes constituyen un grupo que, por su edad y condición física y emocional, requieren medidas de protección jurídica que garanticen su derecho a recibir alimentación, asistencia médica, cuidados y afecto. El Estado de
Tamaulipas, al igual que otras entidades federativas, enfrenta retos derivados del envejecimiento poblacional, la migración de familiares, la fragmentación familiar y la ausencia de políticas públicas efectivas que aseguren la atención integral de los adultos mayores en situación de abandono. La carencia de un marco legal específico que obligue a los familiares a proporcionar alimentos en situaciones de abandono constituye un vacío que deja a muchas personas mayores en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales, generando desprotección y desigualdad.
Informó que el Código Civil vigente reconoce la obligación alimentaria entre ascendientes y descendientes y contempla la asistencia a hijos mayores que estudian y a padres que carecen de medios para su subsistencia.
Sin embargo, no establece de manera precisa la obligación de alimentos para personas mayores de 65 años en situación de abandono constitutiva de violencia intrafamiliar, lo que provoca dificultades para la aplicación de la justicia y la protección efectiva de los adultos mayores, quienes muchas veces se encuentran desprotegidos frente a familiares omisos o negligentes. Esta situación exige la creación de un artículo específico que delimite los supuestos de abandono y violencia intrafamiliar, garantizando así que el derecho a la alimentación sea reconocido.
«La Reforma no genera gasto público adicional, ya que se centra en la definición de derechos y obligaciones existentes en la familia, estableciendo mecanismos de exigibilidad a través de la autoridad judicial. La implementación de este derecho puede lograrse con la aplicación de las disposiciones actuales de los jueces y tribunales, y mediante la coordinación con la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, asegurando la eficiencia y efectividad de la norma sin requerir recursos extraordinarios. De esta manera, se fortalece el marco jurídico existente y se garantiza la protección integral de los adultos mayores, promoviendo su bienestar físico, emocional y social».
