Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

El pago de 40 mil pesos mensuales, que, durante cinco meses, hizo la LXV Legislatura del Congreso de Tamaulipas a la señora Verónica Garza Ayala, cuando la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica atendía la presidencia de la Junta de Gobierno, ha generado la sospecha de que, esos honorarios, le fueron cubiertos con recursos de una nómina oculta.

Cosa que han desmentido la propia Úrsula y el cónyuge de la dama, el diputado Humberto Armando Prieto Herrera –éste, hoy al frente de la Junta de Gobierno–, señalando que ese pago fue por la contratación de servicios profesionales, según consta en los timbrados fiscales; y que está registrado en la contabilidad del Congreso, aunque en el portal de transparencia no se consigne dentro del gasto autorizado y los aludidos afirmen lo contrario.

Sin embargo, al menos uno ya quedó cancelado recientemente, tras el escándalo que se suscitó en el Congreso –hay pruebas de la cancelación–, lo que hace presumir que ‘algo’ tratan de corregir ambos legisladores.

Sobre todo, porque no es normal que una factura (expedida y pagada), sea anulada tiempo después de haber sido timbrada.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) lo canceló a solicitud del contribuyente –respetando su derecho a ello–, pero no el sistema bancario donde, seguramente, aparece la transferencia del recurso.

Es ahí donde ahora está el meollo del asunto para confirmar o no, si el pago se hizo.

Esto le corresponde clarificarlo al Congreso local.

Directamente toca hacerlo a Víctor García Juárez, quien se mantiene a cargo de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros, gracias a los ‘buenos oficios’ de su protectora: la sobrina de López Obrador.

En descargo suyo, Prieto Herrera y Salazar Mojica han externado que la acusación “se trata de una maniobra desesperada de los opositores ante las denuncias que próximamente vamos a interponer”.

¿Acaso una más contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca?

Ojalá y así resulte, pues con el exhorto que hizo Prieto Herrera, ante la Fiscalía General de la República, de investigar al ex gobernador, sólo hizo el ridículo, pues, ante tal instancia y la Fiscalía General de Justicia (estatal) han sido presentadas cualquier cantidad de denuncias formales –por parte de funcionarios gubernamentales–, en contra de quien fuera, de Humberto Armando y su padre, José del Carmen Prieto Valenzuela, promotor político y quizá hasta cómplice.

Hace tiempo, en este mismo espacio, consigné que el oficio político de un individuo se caracteriza por saber dialogar, concertar y respetar la opinión de sus semejantes, aunque difiera en conceptos. Pero estas tres cualidades no se le dan al presidente de la Junta de Gobierno de la LXVI Legislatura del Congreso local, Humberto Armando Prieto Herrera.

Por el contrario, en su actuar se muestra soberbio, petulante y grosero al menospreciar el quehacer legislativo de sus pares, quienes

De ahí que asome descontento en el rebaño legislativo de Movimiento Regeneración Nacional (morena) que hoy pastorea el ex panista porque se pasa por el arco del triunfo los principios partidistas, de:

+ No robar, dicta el primero, que podría atribuírsele en contra, pues no ha justificado aún el gasto que, supuestamente, hizo en comunicación para divulgar el quehacer legislativo, durante el primer año al frente de la LXVI Legislatura;

+ No mentir, reza el segundo, que tampoco acata al presumir que todo funciona bien en el Congreso, cuando la realidad exhibe lo contrario; y

+ No traicionar, que incumple fiel a su costumbre, llevando al pleno de manera frecuente puntos de acuerdo y/o iniciativas que él sabe legalmente son improcedentes o una pantomima para justificar el fracaso legislativo en favor del clan García Cabeza de Vaca, al que sirviera abiertamente durante al menos dos décadas.

Como pastor legislativo, Prieto Herrera se ha portado grosero también con diputados de morena. Incluso con algunos alcaldes del mismo partido.

En el Congreso local hay 36 diputados él incluido: 26 de morena como grupo parlamentario; 7 del PAN, 2 de MC y una priista.

Prieto Herrera aparece como presidente de la Junta de Gobierno, pero no por atender los postulados del membrete guinda, al que se alió hace +/- un lustro, sino por recomendación, supongo, ya que durante cerca de dos décadas militó en el Partido Acción Nacional (PAN), donde fue coordinador de Acción Juvenil en Reynosa; y secretario de Acción Juvenil en el estado.

Igual, representando al PAN, Humberto Armando fue diputado federal por el II distrito electoral federal, con cabecera en Reynosa.

El ocho de febrero de 2019, tras darse cuenta que nunca cumpliría su sueño de ser alcalde del municipio fronterizo en que está avecindado –al menos, no por el PAN–, debido al cacicazgo político de Maki Esther Ortiz Domínguez, presentó su renuncia al membrete albiceleste para, dos años después, jugar por morena como candidato a diputado local por el Distrito VII; y en 2024 resultó reelecto.

Esa separación del PAN, sorprendió a la clase política de Reynosa, ya que Prieto Herrera siempre estuvo al servicio de clanes familias potentados del albiceleste, representados por Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Maki, con quienes hizo negocios no sólo de manera personal, sino igual entre familias.

Hay pruebas contundentes de ello.

Pero, por el momento, obligado está aclarar el asunto de su esposa, al haberse cancelado un timbrado fiscal, supuestamente cobrado por ella, con cargo a una nómina oculta autorizada por su compañera Úrsula.

Sus compañeros de bancada, así lo esperan.

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