-Manipuladas o no, las marchas revelan hartazgo ciudadano
-Tardanza en respuesta a Uruapan fue la “gota que derramó el vaso”
-En lugar de corregir el rumbo, la 4T insiste en la “política del avestruz”
H. Matamoros, Tamaulipas.-Las movilizaciones ciudadanas convocadas por la Generación Z y los del Sombrero no debieran ser tomadas a la ligera por el gobierno de la Cuarta Transformación ni tampoco insistir en etiquetar orígenes y responsabilidades, a manera de escudo.
Al igual que lo ocurrido en distintas entidades del país y la marcha del Monumento a la Independencia al Zócalo Capitalino en la Ciudad de México, son manifestaciones genuinas que reclaman, sobre todo, la seguridad y el fin de las extorsiones y cobro de piso entre otras exigencias.
Si la violencia que se registró frente al Palacio Nacional y que generó más de una centena de personas lesionadas fue autoprovocada por el propio gobierno o si derivó del hartazgo de los participantes, desde cierta perspectiva debiera tomarse como una observación secundaria.
Lo relevante es, sin duda, que el gobierno guinda poco a poco está perdiendo credibilidad con sus fallidos programas orientados a devolver la seguridad y tranquilidad de los mexicanos, a pesar de los apoyos económicos que se entregan bimestralmente.
No se trata de minimizar las acciones positivas y de beneficio que ha desplegado el gobierno de la Cuarta Transformación a lo largo de siete años con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBADOR y CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.
Sin embargo, tampoco se puede ocultar el sol con un dedo al tratar de magnificar la disminución de homicidios dolosos como prueba de acciones contundentes, cuando en realidad es que el maquillaje estadístico surge de la reclasificación de ese delito por parte de las fiscalías estatales.
La 4T insiste en promocionar el frente común del Gabinete de Seguridad en contra de los distintos grupos del crimen organizado, sin tomar en cuenta que la guerra entre Chapos y Mayos en el estado de Sinaloa lleva 14 meses de intercambio de metralla a pesar de la presencia de la fuerza pública federal en esa entidad federativa.
En el conflictivo estado de Michoacán en donde se gestó la movilización ciudadana del pasado sábado, la presidenta SHEINBAUM insiste en blindar la región con soldados y marinos y, al mismo tiempo, “atacar las causas” con hospitales, carreteras, centros de salud y espacios recreativos.
Al menos hasta el momento, la 4T nada ha informado acerca sobre el arresto de tal o cual jefe de plaza responsable del cobro de piso y extorsiones a productores de limón y aguacate, ni tampoco de ningún despliegue militar que desmantele campamentos de grupos delictivos en la serranía que rodea a Uruapan, por ejemplo.
La percepción ciudadana de que el Estado mexicano es el responsable de la muerte del presidente municipal de esa comunidad purépecha, con razón o sin ella, tiene su origen en el mutis gubernamental a los constantes llamados de auxilio del extinto primer edil a los gobiernos estatal y federal.
El actual despliegue de fuerza pública y recursos económicos en Michoacán es vista por la sociedad como una acción a destiempo y que encaja perfectamente en ese dicho coloquial que precisa “ahogado el niño a tapar el pozo”.
Desafortunadamente, el gobierno de la Cuarta Transformación insiste en etiquetar responsabilidades en vez de reconocer y corregir el rumbo de la nave guinda. Ya no es tiempo culpar a FELIPE CALDERÓN o ENRIQUE PEÑA NIETO de los males que aquejan a México en materia de corrupción y seguridad pública, al margen de que si los señalamientos son o no precisos.
Poco más de siete años del actual sistema político en el poder y varios lustros de tenaz búsqueda por llegar al Palacio Nacional del ex presidente LÓPEZ OBRADOR, por lógica simple, son elementos que sustentan un conocimiento pleno de la problemática nacional en distintos rubros y, por ende, las probables soluciones.
Los fallidos programas en materia de seguridad pública y anticorrupción son los que están minando la fortaleza y credibilidad de la 4T, aunque, desafortunadamente, el grupo en el poder insiste en practicar la “política del avestruz” metiendo la cabeza en un agujero.
El grupo delictivo La Barredora, en Tabasco; el contrabando documentado de hidrocarburos; la corrupción en las aduanas fronterizas; el control total de los tres poderes constitucionales mediante prácticas electorales amañadas; el avance del crimen organizado al interior del poder gubernamental; la extorsión y cobro de piso como una nueva carga tributaria, son resultados delictivos que ya no pueden ni deben etiquetarse al pasado sino, simple y sencillamente, reconocer el yerro y corregir el rumbo.
Así de sencillo.
DESDE EL BALCÓN:
I.-A un cuarto de siglo de distancia, se hace cada vez más necesario la recomposición del tablero ajedrecista para, mediante diálogo por debajo de la mesa, ajustar y actualizar la relación entre el gobierno constituido y la delincuencia organizada, en el entendido de que no se trata de descubrir el hilo negro o el agua tibia.
Y hasta la próxima.
