Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) avanza firme en el objetivo que su rector, Dámaso Anaya Alvarado, trazó al inicio de su administración, de transformarla en una institución de educación superior competitiva, en el ámbito nacional y allende las fronteras.
En lo académico, muestra progresos sustantivos –con la incorporación de mentores especialistas–, en tanto la demanda estudiantil ha crecido, por ahora ofrecer niveles más altos de enseñanza. Y nuevas carreras –como la de Medicina–, en su campus Victoria, cuya demanda ha sido por décadas.
Allá en el norte y en el sur de la entidad, igual están programadas más carreras profesionales, en los temas técnicos y sociales.
La instalación de nuevas preparatorias, para la formación educativa de aspirantes que al terminar ese ciclo cursen carreras profesionales, significa otro avance sustantivo.
Y, lo mejor, es la trasparencia financiera con que se ha manejado este Rector.
La universidad rinde cuentas a la Cámara de Diputados y al Congreso local de sus estados financieros, auditados –considerando que cuenta con recursos federales y estatales–, sin que, hasta el momento, haya resultado requerida para explicar su manejo ante las instancias fiscalizadoras:
1) La Auditoría Superior de la Federación (ASF); y
2) La Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal.
Ambas, tienen como función garantizar el ejercicio correcto y legal de los recursos financieros y patrimoniales de la UAT.
La Asamblea Universitaria –que es el órgano superior de la UAT–. ha externado unánimemente su aprobación al ejercicio de Dámaso, por lo que considero una infamia, elucubrada con ‘mala leche’, la descalificación a su actuación rectoral.
Ejemplo del avance que ha tenido la UAT en este ejercicio rectoral, es que, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), que durante años ha trabajado en el cuidado del sacrificio y el procesamiento, empaque y refrigeración de productos de origen animal, cumple con estrictos estándares sanitarios y de calidad federales, lo que garantiza que la carne sea inocua para el consumo humano.
Estos establecimientos están bajo la supervisión de la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y son certificados para abastecer el mercado nacional e internacional con carne segura y de alta calidad.
Por cierto, la inspección veterinaria continua ha permitido que el rastro alcance estándares de calidad; y además cumple con normas nacionales e internacionales de higiene para garantizar la inocuidad del producto, lo que ha permitido que cuente con un certificado Tipo Inspección Federal (TIF).
A ello obedece el interés del mercado internacional por la carne que se produce en el rastro de la UAT, por lo que próximamente ésta empezará a comercializarse allende las fronteras.
Reforma en marcha
Pablo Gómez Álvarez, quien coordina la comisión que habrá de redactar la iniciativa presidencial de reforma electoral es, quizás, quien más le sabe al tema –considerando a los siete integrantes del equipo–, ya que durante su larga trayectoria política ha participado directamente en las ‘negociaciones’ para sacar avante las reformas de 1977 y 2024.
Apreciadas, éstas, por ser las más significativas de la apertura democrática, la primera; y la segunda: por la fiscalización de recursos y nuevas reglas de participación partidista.
Aparte, Pablo Gómez es un viejo luchador social con raíces profundas en el Partido Comunista de México (PCM), del que surgió como uno de los primeros 100 diputados federales plurinominales cuando el ideólogo priista Jesús Reyes Heroles propuso incorporar al Poder Legislativo todas y cada una de las expresiones ideológicas que se manifestaban en el país.
Incluso, tiene capacidad para dialogar y concertar, sin pelear. Para dar la razón al oponente, cuando la tiene; y defender los principios de legalidad le sean o no favorables.}
Consigno lo anterior para que no haya confusión en cuanto al proyecto actual de la reforma electoral, que ha empezado a discutirse en foros, pues ésta consiste en:
+ Disminuir los recursos públicos destinados a los partidos políticos;
+ Aminorar costos de elecciones;
+ Generar mecanismos de transparencia para llevar a cabo las votaciones; y
+ Modificar la representación de los partidos políticos, dejando a un lado las listas de plurinominales para dar paso a la figura de primera minoría.
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