Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
En Michoacán, el asesinato del alcalde de Uruapan encendió reflectores.
En Tamaulipas, el crimen prefiere la penumbra: aquí no matan a la vista; desaparecen.
Y la desaparición, a diferencia del balazo público, borra pruebas, rostros y responsabilidades.
Hechos, no pretextos, Tamaulipas está entre los tres estados con más personas desaparecidas del país.
Un corte difundido en julio de 2025 ubicó 13,498 no localizadas, solo por debajo de Jalisco y Estado de México.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) es la referencia oficial y pública para verificar acumulados, perfiles y periodos.
En flujo reciente, entre octubre de 2024 y agosto de 2025, se registraron 424 desapariciones en el estado (aproximadamente 1.3 diarias en ese lapso), cifra con concentración en la frontera norte.
El caso que nos describe: el empresario que no volvió.
El vicepresidente de Seguridad de FECANACO, Marco Antonio Mariño Leal, fue reportado desaparecido en octubre de 2025 (origen Reynosa, residente en Tampico).
Hasta ahora no hay confirmación de su paradero.
Ese vacío —con nombre y apellido— resume el clima: el miedo social y la impunidad que normalizan la ausencia.
Migrantes: la estadística que no alcanza.
A la crisis local se suma un océano de desaparecidos sin expediente: migrantes en tránsito, muchos sin papeles.
El subregistro es reconocido por organizaciones especializadas: entre 2015 y 2025 solo 236 migrantes fueron oficialmente reconocidos como desaparecidos, pero hay “evidente subregistro”.
La OIM (Missing Migrants Project) documenta miles de muertes y desapariciones en rutas por México desde 2014, con enormes lagunas de información por la condición irregular y el temor a denunciar.
Hechos como el secuestro de 32 migrantes en la frontera tamaulipeca —liberados luego sin detenciones— exhiben la captura territorial y la fragilidad institucional.
En Tamaulipas, el crimen organizado convive con estructuras de gobierno: a veces las infiltra, a veces las captura.
Hecho que la sostiene: el volumen y la persistencia de desapariciones, el bajo esclarecimiento, la concentración regional y los casos emblemáticos sin resolución rápida.
La indefensión es el estado real de la ciudadanía; la gente vive dentro del miedo.
Lo que las cifras permiten decir (sin exagerar)
1.- Acumulado alto: tercer lugar nacional por número absoluto de no localizadas (julio 2025).
2.- Ritmo reciente: ~1.3 desapariciones diarias entre octubre de 2024 y agosto de 2025 (RNPDNO), con foco fronterizo.
3.- Niñez y juventudes impactadas: los perfiles por edad y sexo muestran mayoría de hombres y una presencia preocupante de menores.
4.- Migrantes: el conteo oficial es insuficiente; las organizaciones documentan subregistro y lagunas.
Lo que debe exigirse (con criterios verificables) es:
- Rendición de cuentas trimestral con metas de búsqueda y esclarecimiento (no solo “cédulas emitidas”).
- Cruce RNPDNO–Fiscalías–CNDH–OIM para visibilizar la desaparición de personas migrantes y su trazabilidad forense.
- Mapa público de riesgo (municipio, hora, patrones) y protocolos inmediatos con indicadores de desempeño (tiempo a primera diligencia, hallazgos, judicializaciones).
- Protección real a buscadoras y periodistas, actores que llenan el vacío del Estado. (La evidencia comparada muestra que, sin protección, no hay verdad.)
En Tamaulipas, el crimen perfecto no es el que se graba, sino el que desaparece.
Mientras el discurso presume estabilidad, las cifras —y los vacíos— cuentan otra historia.
La justicia no se mide por conferencias, sino por personas que regresan a casa y carpetas que se judicializan.
