Opinión pública

Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- En 2016, a la llegada de los cabezones al
gobierno, descubrieron una cloaca en el CONALEP que funcionaba con la
venia de Palacio de Gobierno.
Ahí cobraba la estructura del PRI, los operadores e “ingenieros” expertos
en mapachería más famosos de la comarca. Encontraron hasta 80
aviadores, el 40 por ciento del personal, que cobraban por servicios
prestados al Revolucionario en el terreno electoral.
Agustín de la Huerta Mejía, el jefecillo azul, prometió que metería a la
cárcel a los defraudadores no sin antes hacerles devolver lo que cobraron.
Se conformó con perseguir un “perra flaca” -chivo expiatorio, dicen- que
se encargaba del sistema de nóminas que, para no ser aprehendido, huyó
al lado americano donde la pasó muy difícil. Los auténticos atracadores no
fueron molestados.
Hoy, cuando la 4T afiló el hacha y va por los saqueadores del
presupuesto del Instituto de Capacitación Para el Empleo (ITACE), liderados
por Luis Fernando “C”, el escenario de aviadores pareciera ser el mismo:
Campo de aterrizaje pero de los panistas.
La Fiscalía Anticorrupción ya “ganchó” (vincular) al señor “C”, quien se
dice perseguido político, cuando las denuncias en su contra vienen del
cabecismo, grupo al que sirvió con afanes hasta que lo cesaron en junio del
2021 por sus corruptelas y una denuncia por acoso sexual.
Duró casi cuatro años en la dirección del ITACE. Fue nombrado en los
primeros de octubre del 2016 como pago a “favores recibidos”.
Sabe que va a rumbo a un penal: “Seguro van a intentar juzgarme,
encarcelarme y despojarme de mis derechos políticos…”, escribió en redes
hace unos días.
Con seguridad lo van a acompañar otros, José Luis “C” y Mayra Lizzeth
“A”, jefa Administrativa y jefe de Materiales, sus presuntos cómplices en las
trapacerías presupuestarias que ascienden a más de 300 millones de
pesos. Mucho dinero como para evadir la cárcel.
En la escuelita sobraban catedráticos de 60 mil pesos mensuales;
choferes con sueldos de Directores del Gobierno, enfermeras, cocineras a
quienes se pagaban sobresueldos no autorizados en los tabuladores.
Sobraba alrededor del 50 por ciento del personal. Por ejemplo en el
plantel Altamira, se reportaban 70 docentes y 76 administrativos para
atender a un puñado de jóvenes en carreras técnicas.
Hay que decir que tienen sucursales en Matamoros, Reynosa y Altamira.
La matriz en Victoria.

¿En qué se fueron tantos millones sin comprobar? La mayor parte en
facturas falsas (CFDI´s inválidos) de pago a negocios y “aviadores”. Los
datos de los beneficiados no aparecen. La pregunta es ¿Luis Fernando se
llevará a la cárcel la información? ¿se animará a decir la verdad para que su
pena sea menor?. Es inteligente y puede reaccionar a tiempo.
La letanía de decirse perseguido ya no funciona. Todos los habitantes
de los penales se dicen inocentes.
El affaire en el Instituto se descubrió porque intervino al Auditoría
Superior de la Federación, en seguimiento a lana aportada por el gobierno
central. En lo doméstico el Auditor “carnal” Jorge Espino Ascanio dejó
constancia de los posibles fraudes y peculados en la escuelita.
En el ejercicio 2016 les faltaron 34.5 millones de pesillos que debieron
reintegrarse a la Tesorería de la Federación con todo e intereses.
“Copeteada” la cuenta de 2019: “No contaba con los comprobantes
fiscales digitales por Internet por un monto de 288.7 millones de pesos”,
reportaron los fiscalizadores.
No se supo a quien se pagaron 26 millones, ni a que proveedores de
materiales 14 millones; servicios generales por otros 15 y los irregulares
pagos al personal. Se pasaron en 25 millones la partida para personal. Lana
de sobra sin rendir cuentas.
Le debían 35 millones a Ipsset y 25 a proveedores. Un enjuague bien
orquestado que se antoja no pudo armar solito Don Fernando “C” sino
contaba con el permiso de Palacio.
La danza siguió en los siguientes años hasta 2022 ¿persecución
política?.
Ahora que, si el billete se lo llevaron los “gobernadorcitos” hermanos de
aquel, tendrían que denunciarlo los acusados, para que su pecado sea
menor ¿acaso empleados del PAN? ¿pagos a la estructura azul?. Como
dicen, piensa mal y le atinas.
Hablando de la Auditoría Superior local, pronto tendrá su edificio propio.
El POE publicó este miércoles el decreto por el cual se le otorgan más de
12 mil metros cuadrados de lo que es el Parque Bicentenario, al poniente
del Palacio Legislativo y Archivo del Estado.
Y Don Manuel Muñoz Cano, jefe estatal del Verde Ecologista, siempre sí
apeló al Tribunal Electoral la resolución del IETAM en que lo condenan por
violencia política en contra de las mujeres en razón de género, a denuncia
de la diputada Katalyna Méndez Cepeda.
Comienza así la cadena impugnativa que, al final de la tarde, la impedirá
la ansiada reelección en el CDE Verde y llegar a un escaño en el Congreso
Local. Por antecedentes parecidos, lleva todas las de perder. Ningún
político quisiera estar en su pellejo.