CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Los bloqueos carreteros que desde este lunes se reanudaron en varios estados del país, no son una acción política ni una maniobra partidista como seguramente intentará hacerlo creer el gobierno federal. Son, en realidad, el grito desesperado de miles de familias que viven del campo y que hoy ven cómo su fuente de subsistencia se apaga lentamente.
Son hombres y mujeres del sector agropecuario: agricultores, ganaderos, apicultores, pescadores. Todos comparten la misma tragedia: la del abandono institucional.
Desde 2018, cuando arribó al poder Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal decidió borrar de un plumazo los programas de apoyo al agro. Desaparecieron los subsidios a los insumos, se cancelaron los esquemas de comercialización, se desmantelaron los mecanismos de financiamiento y se debilitó la asistencia técnica.
En el discurso se habló de “sembrar vida”, pero en los hechos se dejó morir al campo. El resultado está a la vista: tierras abandonadas, maquinaria detenida, productores endeudados y comunidades rurales que se vacían porque ya nadie puede sobrevivir del trabajo agrícola.
Desde este espacio hemos sido testigos y denunciantes recurrentes de esa realidad. Hemos advertido —una y otra vez— que este tipo de estallidos sociales eran inevitables. Que la indiferencia y el desdén oficial hacia los productores del campo terminarían por provocar lo que hoy vemos: carreteras bloqueadas, oficinas tomadas y miles de mexicanos clamando por ser escuchados.
No se trata de una conspiración política, sino de una emergencia social. Los productores no están pidiendo privilegios, sino condiciones mínimas para sobrevivir.
Desde 2020, los campesinos lo han venido diciendo con toda claridad: sin apoyos, la agricultura dejó de ser rentable. Y sin rentabilidad, el campo se muere. No hay romanticismo en esa frase. Hay desesperación.
El problema de fondo es que los productores nacionales deben competir en un mercado global en condiciones de absoluta desventaja. Los granos importados desde Estados Unidos y Canadá llegan a precios subsidiados, mientras aquí se les niega cualquier tipo de ayuda.
Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio se les prometió a los productores mexicanos que el Estado los apoyaría para poder competir con sus socios comerciales. Esa promesa hoy yace rota.
La política agropecuaria del anterior y actual sexenio no solo ha sido equivocada: ha sido cruel. Ha dejado al campo a merced del mercado y a sus productores a merced del hambre.
En Tamaulipas, la historia es dolorosamente conocida. Los agricultores, y en especial los productores de sorgo, llevan años exigiendo apoyo. Hoy venden su producto a precios tan bajos que ni siquiera alcanzan a recuperar el costo de producción.
En otras épocas, la federación compensaba esas diferencias con esquemas de cobertura o con precios de garantía. Hoy no hay nada. Solo promesas, discursos y programas asistenciales que no resuelven la raíz del problema.
El gobierno, desde su cómoda posición en Palacio Nacional, responderá que detrás de las protestas hay intereses políticos o “mano negra”. Pero los hechos son contundentes: no hay manipulación posible cuando la pobreza es real y el abandono evidente.
El movimiento de los productores no nació de una convocatoria partidista, sino del hartazgo. Y el hartazgo, cuando se ignora, se convierte en rebeldía.
Si el gobierno federal sigue minimizando el conflicto, si continúa subestimando el enojo del campo, el problema puede escalar muy pronto. Las carreteras bloqueadas ya provocan pérdidas económicas millonarias. Los transportistas detenidos por horas son solo el primer síntoma de un conflicto social que podría salirse de control.
Lo advertimos con oportunidad: el campo mexicano no aguanta más. Y si el Estado insiste en darle la espalda, el país entero pagará las consecuencias.
Porque el hambre no se detiene con discursos, ni las cosechas crecen con palabras.
El campo ha hablado. Y lo que grita, con voz de desesperación, es que ya no puede más.
ASI ANDAN LAS COSAS.
