Por José Gregorio Aguilar
Lunes 27 de Octubre 2025.
El 26 de septiembre de 2025, este medio presentó una solicitud de información ante la Secretaría de Salud de Tamaulipas, registrada bajo el folio 280517225000268. La fecha límite para recibir respuesta era el 24 de octubre de 2025, conforme a los plazos establecidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, la institución no respondió.
Ante el incumplimiento, se presentó una queja formal el 26 de octubre de 2025, solicitando la intervención del órgano garante estatal. La falta de respuesta constituye una violación directa al Artículo 6º constitucional, que garantiza el acceso a la información pública, y activa los mecanismos de revisión previstos en la ley.
De acuerdo con el Artículo 206 de la Ley General de Transparencia, el órgano garante debe admitir o desechar la queja en un plazo no mayor a cinco días hábiles. Además, el Artículo 270 establece que el incumplimiento por parte de servidores públicos constituye una falta administrativa sancionable.
Este caso se suma a una serie de omisiones documentadas por distintas dependencias en Tamaulipas, donde el derecho a saber se enfrenta no solo a gobiernos que ocultan información, sino a instituciones que no responden ni garantizan nada.
La solicitud de información que se requirió a la Secretaría de Salud tiene que ver con el presupuesto asignado a esta dependencia en el año 2025 así como el gasto total ejercido en nómina durante el mismo periodo. También se le pidió informar el monto total pagado en compensaciones a funcionarios, especificando el rango mínimo y máximo de dichas compensaciones y sobre la estructura laboral para que mencione el número total de empleados registrados en la Secretaría de Salud, cuántos son de base, cuantos eventuales y cuántos de confianza.
