Por: José Medina

Ciudad Victoria.- Diputada del distrito trece de Tamaulipas Silvia Isabel Chávez Garay plantea establecer un marco jurídico que promueva la igualdad de oportunidades laborales y la inclusión de personas mayores de 50 años en la administración pública de Tamaulipas, reconociendo su experiencia y eliminando la discriminación por edad.

Así pues, incluir en sus procesos de selección, contratación promoción, criterios que consideren la experiencia y el talento de las personas mayores de 50 años, sin que la edad sea un factor de exclusión.

Establecer programas de capacitación y actualización profesional, diseñados para las personas mayores de 50 años, con el fin de fortalecer sus capacidades y asegurar su competitividad en el ámbito laboral.

Adecuar sus manuales de organización y procedimientos para asegurar el cumplimiento de la política de inclusión laboral, con el objetivo de erradicar cualquier forma de discriminación por eda

«La inclusión laboral de adultos mayores constituye una tendencia creciente en los sistemas democráticos modernos. l Organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han señalado que las sociedades con políticas inclusivas en el ámbito laboral son más resilientes, productivas y cohesionadas’ Países como Canadá, Alemania y Japón han implementado normativas que no solo prohíben la discriminación por edad, sino que incentivan programas de capacitación y actualización profesional. Dichas experiencias demuestran que los trabajadores de más de 50 años poseen un acervo de conocimientos y experiencia», dijo en tribuna.

Y es que en México, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación reconocen la edad como un factor de discriminación que debe erradicarse. No obstante, en la práctica, los adultos mayores enfrentan múltiples barreras para acceder o permanecer en empleos formales, especialmente en la administración pública. Si bien el gobierno federal ha impulsado programas sociales, aún persiste la necesidad de adecuar los marcos legales estatales que regulan el trabajo en el sector público, a fin de garantizar un piso parejo y la erradicación de prácticas discriminatorias en procesos de contratación, ascenso y capacitación.