Columna Opinión Económica y Migratoria
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
Especialista en políticas públicas, migración y remesas.
Durante décadas, las remesas enviadas por migrantes tamaulipecos han sido el motor silencioso del bienestar en cientos de comunidades, especialmente en las zonas rurales del centro y sur del estado. Sin embargo, 2025 rompió esa aparente estabilidad.
Según el Banco de México, las remesas hacia Tamaulipas cayeron un 4% en el primer semestre del año, acumulando 463 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2018 (Banco de México, 2025).
Este descenso, derivado de las políticas migratorias restrictivas del presidente Donald Trump y la contracción del empleo en Estados Unidos, amenaza el sustento de más de 230 mil familias que dependen directamente de esos envíos.
Frente a esta coyuntura, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya, ha asumido un rol más activo para amortiguar los impactos de la crisis migratoria.
A través del Instituto Tamaulipeco para el Migrante (ITM) —organismo descentralizado encargado de la atención a repatriados y sus familias—, el estado ha puesto en marcha una política humanista centrada en la reintegración laboral, la documentación y la educación.
De acuerdo con el propio ITM (2025), “la prioridad es brindar atención integral a quienes han sido deportados o retornados, atendiendo tanto sus derechos como sus oportunidades productivas en territorio tamaulipeco”.
El instituto mantiene seis delegaciones regionales —en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Tula y El Mante— que realizan acompañamiento en trámites migratorios, asesoría legal y gestiones de doble nacionalidad para hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos. Además, bajo la coordinación con la Secretaría del Trabajo, impulsa ferias de empleo dirigidas a repatriados.
EL CASO DE ALTAMIRA:
En Altamira, por ejemplo, el programa “Jornada de Empleo Altamira 2025” logró vincular a cientos de migrantes con las maquiladoras locales y con el sector agroindustrial, con apoyo de la Subsecretaría de Trabajo estatal (Vox Populi Noticias, 2025).
Esta iniciativa representa una ventana de reinserción económica real en medio del cierre de oportunidades al norte del Río Bravo.
La ciudad de Altamira, que forma parte del corredor industrial y portuario del sur de Tamaulipas, ocupa un papel clave en esta estrategia.
Su administración municipal a cargo de Armando Martínez Manríquez, bajo coordinación con el estado y organismos federales, ha abierto programas de capacitación y asesoría laboral destinados a migrantes retornados.
También ha intervenido en la generación de microcréditos y apoyos a mujeres repatriadas que inician negocios familiares.
Según las autoridades locales, la meta es que Altamira se convierta en “ciudad refugio y plataforma laboral para tamaulipecos deportados”, articulando esfuerzos con el Instituto Tamaulipeco para el Migrante y el DIF municipal, a cargo de la contadora Rosy Luque.
El gobierno estatal, por su parte, ha reactivado alianzas con otras entidades federativas y organismos internacionales para atacar la raíz del problema.
En septiembre, Tamaulipas y Guerrero formalizaron una “Alianza Humanista para la Protección de las Personas Migrantes en Retorno”, destinada a reforzar políticas de asistencia inmediata, documentación, acceso a salud y créditos emprendedores (Gobierno de Tamaulipas, 2025).
Estas acciones buscan transformar el fenómeno migratorio en una oportunidad para el desarrollo humano y económico regional.
Junto a ello, se impulsa la bancarización de los migrantes mediante el programa FINABIEN, que permite enviar remesas desde Estados Unidos con una comisión mínima de 3.90 dólares.
La medida, coordinada entre el Gobierno de Tamaulipas y el sistema financiero federal, pretende reducir los costos del envío formal y evitar que las familias dependan de canales informales (Nuevo Laredo TV, 2025).
Esta política complementa el objetivo del ITM de “establecer vías seguras y confiables para transferencias internacionales”, según su plan de acción vigente (Instituto Tamaulipeco para el Migrante, 2025).
El reto, sin embargo, es monumental.
A cada migrante deportado sin empleo se suma un hogar vulnerable cuya economía se fractura. Como lo advertí en mi pasada columna “sin políticas activas de empleo, educación y generación de microempresas, el riesgo es que Tamaulipas continúe atado a un patrón de dependencia del dólar migrante” (Lera Mejía, septiembre 2025).
Los esfuerzos del gobierno actual apuntan a romper ese ciclo, apostando por una nueva visión basada en la autosuficiencia y la dignificación del trabajo local.
Hoy, los retos migratorios ya no se reducen a las fronteras, sino a la capacidad de reconstruir vidas en casa.
Para Tamaulipas —y particularmente para municipios dinámicos como Altamira—, el futuro dependerá de consolidar una estrategia integral que convierta el retorno en una oportunidad productiva. Si el Estado logra alinear su política social con una agenda de empleo, crédito y seguridad, la pérdida temporal de remesas podrá transformarse en un punto de inflexión hacia un modelo de economía incluyente con rostro humano…
