CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Sesión tras sesión, la gran mayoría de las diputadas y los diputados locales parecen haber encontrado en el endurecimiento de las penas su más cómodo refugio legislativo. No hay semana en que no surja una iniciativa para elevar los castigos de algún delito.
El pasado jueves, por ejemplo, una legisladora morenista propuso reformar el Código Penal para elevar hasta 80 años de prisión el castigo a quien cometa feminicidio en perjuicio de una mujer embarazada, una niña o una persona con discapacidad. Una medida tan severa como simbólica.
No es la primera ni será la última. Desde hace años, el Congreso local ha convertido la inflación de penas en una rutina. La receta parece infalible: si un delito duele a la sociedad, entonces que la pena duela al culpable. Pero el resultado, en los hechos, es una ilusión.
Han sido especialmente insistentes en los delitos que tienen como víctimas a las mujeres: violencia familiar, violación, acoso, abuso, feminicidio. En todos los casos, las penas se han duplicado o triplicado.
Y sin embargo, los delitos no disminuyen. Al contrario, crecen. Lo que demuestra que endurecer el castigo no ha servido absolutamente de nada.
La terquedad legislativa parte de un error elemental: creer que la severidad del castigo disuade el crimen. Cuando la evidencia empírica —aquí y en cualquier país— demuestra que lo que disuade no es la dureza de la pena, sino la certeza de ser castigado.
En Tamaulipas, esa certeza es casi inexistente. La impunidad es el verdadero estímulo para delinquir. Y sin embargo, nadie legisla sobre eso.
No hay una sola iniciativa que aborde con seriedad el problema de la ineficiencia del Ministerio Público, de la falta de policías investigadores, o de los procesos judiciales que se eternizan. Todo lo resuelven a punta de aumentos punitivos.
La realidad es que muchos de esos proyectos son puro oropel político. Les sirven a los legisladores para simular productividad, para subir un video a sus redes sociales o una fotografía posando con su “gran logro en favor de las mujeres”.
Lo cierto es que esas reformas, más que leyes, son declaraciones de buena intención. No transforman la realidad ni protegen a nadie. Son espejos legislativos que sólo reflejan el vacío de ideas.
Tamaulipas, si de algo puede presumir, es de tener un Código Penal con penas más severas que las de la mayoría de los estados. Pero volvemos a lo mismo: el problema no son las leyes sino la impunidad.
El contraste es brutal. A más castigos, más delitos. A más reformas penales, menos justicia. ¿No sería hora de admitir que el problema está en otro lado?
Ninguna pena, por cruel que sea, puede sustituir la ausencia de un Estado eficaz. Ningún Código Penal, por riguroso que parezca, puede suplir la falta de prevención, educación o justicia pronta.
Mientras el Congreso siga creyendo que legislar es multiplicar castigos, seguiremos atrapados en el espejismo del castigo justo.
Quizá el problema es que resulta más fácil escribir un párrafo de reforma que diseñar una política pública integral. Es más cómodo aprobar un dictamen que enfrentar la realidad con datos, con diagnósticos, con propuestas que incomoden.
Y por si fuera poco, a todo eso se le suma el desastre en que está sumido el sistema de procuración de justicia. Fiscalías sin recursos, agentes sin preparación, carpetas sin seguimiento y víctimas sin respuesta. Un laberinto burocrático que convierte la justicia en una odisea.
En ese contexto, los legisladores han llegado incluso a elaborar una especie de “lista negra” de delitos “políticamente correctos”, aquellos que deben castigarse con mayor severidad porque generan simpatía social. Y en esa lista cabe todo: desde el maltrato animal hasta los delitos contra las mujeres. Todo se endurece, nada se soluciona.
Y mientras tanto, las víctimas siguen ahí. Las mujeres asesinadas, los niños violentados, los ancianos despojados. Todos ellos siguen esperando una justicia que no llega, aunque las penas ya se hayan multiplicado.
No hay castigo que valga cuando el Estado no puede garantizar justicia. No hay cárcel que alcance cuando la impunidad es la norma.
Y eso, más que cualquier aumento de años de prisión, es el verdadero delito.
EL RESTO.
IRVING Y HARFUCH.- Nos dicen que, Irving Barrios Mojica, ve como una tablita de salvación su relación de amistad con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
Ambos trabajaron con Genaro García Luna, por lo que el michoacano y los suyos consideran eso como un factor que podría permitirles quedarse otros ocho años al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La pregunta es: ¿sabrán en el gobierno federal el desastre en que Barrios Mojica tiene sumida a la procuración de justicia en Tamaulipas?
¿Y sabrán de su muy cercana relación con el exgobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca?
ASI ANDAN LAS COSAS.
