Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

Habitan en Tamaulipas como en todo el país y el mundo mundial, personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, intersexuales y demás, que merecen el mismo respeto que los heterosexuales, porque también son humanos.

Sin embargo, el Congreso estatal todavía no ha definido legalmente su derecho a gozar de las garantías individuales plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

He viajado a varios países. Y recorrido, al menos, todas las entidades, del nuestro –aunque esencialmente sus municipios más sobresalientes y/o capitales–, encontrándome siempre grupos discriminados por su tendencia sexual y hasta reprimidos.

Nada tengo en contra suya. Ni a favor. Pero sí considero que merecen respeto

La inclusión en México, legalmente está reconocida.

Por eso atrapa mi atención que el Instituto de la Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) les niegue la seguridad social a parejas del mismo sexo, pese a que el matrimonio igualitario es legal, aquí, en el estado.

La actitud intolerante de algunos funcionarios de esa dependencia, ha generado recomendaciones por parte de la Comisión (estatal) de Derechos Humanos al IPSSET, pero, al parecer, sus autoridades no las han atendido en tiempo y forma quizá por su tendencia homofóbica.

Así que le toca a la LXVI legislatura, donde el presidente de la junta de gobierno es (el ex panista) Humberto Armando Prieto Herrera, clarificarle al alto mando IPSSET que la ley en Tamaulipas es inclusiva, no excluyente.

¿O acaso la apertura en Tamaulipas es puro cuento?

Diputado productivo

Por cierto, en los temas legislativos le comento que el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández presentó una iniciativa tendiente a prohibir el uso de ‘los vapeadores’ y drogas sintéticas, por ser una amenaza contra la salud.

En su exposición, el legislador refirió que su propuesta responde a la necesidad de salvaguardar el derecho a la protección de la salud, así como de establecer sanciones contra el uso, la comercialización y distribución de dispositivos de administración de nicotina y sustancias tóxicas, como son el fentanilo, los precursores químicos y otras drogas sintéticas que representan un grave riesgo para la sociedad.

“Hoy más que nunca, la salud debe entenderse como un valor humanista y colectivo; no como la mera ausencia de enfermedades, sino como la posibilidad de vivir con bienestar, dignidad y esperanza. Por ello, proteger a nuestras niñas, niños y jóvenes del consumo de estas sustancias dañinas es una tarea moral y social que nos convoca a actuar”, dijo el diputado Vargas Fernández.

Alcaldesa vanguardista

Carmen Lilia Canturosas Villarreal, con hechos, confirma por qué aparece como la mejor alcaldesa de México en el ranking nacional: es la única edil que, hasta el momento, se ha involucrado en combatir el dengue, la zika y chikungunya.

En su apoyo a la cruzada del Gobierno estatal, ha dispuesto aportar 4 cuadrillas –cada una conformada por ocho personas–, cuatro camiones y dos retroexcavadoras para labores de fumigación que son responsabilidad de la jurisdicción sanitaria número cinco.

Esto, sumándose al compromiso presidencial y gubernamental para la protección de la salud de las familias y prevenir enfermedades transmitidas por los vectores (mosquitos).

Ojalá y todos los presidentes municipales de Tamaulipas emularan su acción, pues los ciudadanos ya estamos hasta la madre de tanta picazón.

Caso Arteaga Reyna

La vinculación a proceso de María de Lourdes Arteaga Reyna, quien fuera secretaria de Finanzas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya se esperaba.

Así que el martes 14 que nos antecede no hubo sorpresas, aunque sí sorprendidos, porque el juez de control encargado del caso determinó que permanezca en su casa durante seis meses.

Es decir, hasta el 14 de abril de 2026 –en la comodidad de su hogar–, podrá preparar su defensa, pues, en esa fecha vence el plazo para realizar la investigación complementaria sobre la desviación de 181 millones 454 mil 615 pesos, destinados al desarrollo de infraestructura y equipamiento de la red de seguridad pública del estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

¿Esto significa, entonces, qué la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción presenta fallas?

¿O es ejemplo de cómo actuará el renovado Poder Judicial?

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