Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
Además del huachicoleo que se dice sigue cometiéndose en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal no ha salido del hoyo porque los ingresos no son aplicados correctamente.
Y aun cuando la Federación no quiere hacer mucho ruido para evitar que se frene una nueva reforma energética, hay tela de donde cortar para que los senadores y diputados den su brazo a torcer.
Se lo digo porque el robo de gasolina a Petróleos Mexicanos (Pemex) es tan grave como el indiscriminado saqueo de recursos económicos que ha sufrido la paraestatal durante décadas.
Sin embargo, ninguno de los dos delitos ha podido erradicarse plenamente, ya por falta de voluntad de la autoridad federal para investigar a fondo ambas ordeñas, o quizá porque en su comisión están involucrados personajes estrechamente ligados a los hombres del poder que les brindan tanto impunidad como inmunidad.
Un reporte de Pemex consigna que decenas de tomas clandestinas han sido desactivadas y (supuestamente) desmanteladas algunas bandas que operaban en distintas entidades del país.
A esta danza de cifras contribuyen otros recuentos que obran en los anales de Petróleos Mexicanos, pues claramente se lee que el robo de gasolina data de muchísimos años atrás, así como la persecución del delito.
Para sustentar el caso, basta referir que oficialmente Pemex reconoce haber detectado centenares de bombas clandestinas.
Pero los números no coinciden, y eso sólo motiva la sospecha de que se ha recurrido a la mentira para tratar de disfrazar un problema que nadie es capaz de resolver. De otra forma los paladines de la justicia petrolera evitarían dar cifras tan a la ligera, simple y llanamente con el afán de atraer los reflectores para promociones unipersonales.
El problema es real.
Pero desconozco hasta dónde pudiera llegar el saqueo indiscriminado a Pemex, pero sí me queda en claro que tanto los funcionarios que han mandado en la paraestatal, los dirigentes sindicales, los contratistas, los industriales de la petroquímica y los concesionarios de las gasolineras, cuando menos, se han visto involucrados en hechos dignos de ser investigados.
No basta con haber enviado a prisión a Jorge Díaz Serrano y Joaquín Hernández Galicia (a) “La Quina” por sus ilícitos ampliamente difundidos (en su oportunidad) en los medios de comunicación masiva, ni la buena voluntad para erradicar de Pemex la corrupción para aliviar el mal que se sigue haciendo a México como país y a los mexicanos como co-propietarios que dicen somos de la paraestatal, pues cotidianamente surge información acerca de la ordeña a los ductos de combustible y sobre el mal manejo administrativo que se hace de los millonarios recursos económicos con que opera la paraestatal.
En realidad, se requiere una mano firme y patriótica que sea capaz de meter orden en la empresa más rentable de nuestro país –tanto o más que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que también opera con número rojos–, sin intereses unilaterales ni de grupo, para erradicar el cáncer de la corrupción.
Sin embargo, la opinión pública coincide en que Pemex, otra vez, está a disposición de particulares.
Y esto, en realidad, es lo que evitará que Pemex se privatice, aunque hoy se vislumbra una nueva andanada por parte de la Federación para exhibir a la empresa como una carga para el erario y más para los cerca de 136 millones de mexicanos, por lo que no debiera sorprendernos que en lo sucesivo desde Palacio Nacional se replanteara la necesidad de que en la paraestatal haya tanta inversión de particulares como del Gobierno federal.
En cuanto al robo de gasolina, éste no sería posible si en su comisión no estuvieran involucrados funcionarios y técnicos de la paraestatal, además de los concesionarios que gustan comprar barato para venderle caro el combustible a los millones de dizque co-propietarios del combustible.
¿O acaso no existen inspectores que vigilen el correcto funcionamiento de las gasolineras?
Lo pregunto porque, de acuerdo con el régimen fiscal que las distingue, cada litro de gasolina que entra a sus depósitos debe salir por mangueras debidamente conectadas a medidores que se supone son checadas minuciosamente por los cobradores del combustible que trabajan para Pemex.
¿Y ellos tampoco se han dado cuenta de la irregularidad?
¡Qué va! Lo que ocurre, es simple sospecha, es que también estarían en el ajo.
De cualquier forma, no hay que perder de vista las acciones del Gobierno Federal en cuanto al problema hoy comentado, pues en cualquier momento podría surgir la pista que revelara el real propósito que se persigue para no perseguir a los ordeñadores de los ductos.
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