Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
Este día tendrá lugar la audiencia judicial para determinar si la exsecretaria de Finanzas gubernamental, María de Lourdes Arteaga Reyna, atenderá el proceso legal (en contra suya) bajo libertad condicionada o tras las rejas.
El jueves que nos antecede (octubre 9) un juez de control resolvió que no puede salir de Reynosa ni del país; además, está obligada a firmar cada ocho días ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA); y cubrir una garantía económica de 300 mil pesos.
Las medidas cautelares son para evitar que huya del país, puesto que enfrenta dos acusaciones graves al menos en ese expediente: 1) presunto delito de ejercicio ilícito en el servicio público y 2) uso ilícito de atribuciones y facultades, derivados de la aplicación incorrecta de 139 millones 328 mil 239 pesos, 47 centavos, el día 5 de agosto de 2021.
Hay otras carpetas de investigación en las que la exfuncionaria estatal asoma involucrada. Pero aún no las judicializa la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Jesús Eduardo Govea Orozco, donde se plasman otros ilícitos como peculado, cohecho, malversación de fondos, nepotismo, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, la tendencia indica que el fiscal presentaría en breve las denuncias (de manera formal) para que el nuevo Poder Judicial las atienda en corto tiempo, pues, se supone que en tres años de investigación ha logrado recabar las pruebas suficientes para sustentarlas. Ojalá y así resulte.
Lo cierto, es que la ex funcionaria es un eslabón harto importante para llevar al patíbulo al ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su parentela, por varios delitos del orden común. Además de los del fuero federal, por los que lo persigue la Fiscalía General de la República (FGR).
María de Lourdes ha sido cómplice de ‘Pancho’ desde el 2005, cuando éste fue presidente municipal de Reynosa, despachando como directora de Contabilidad y Control Presupuestal en el ayuntamiento fronterizo; o quizás de más tiempo atrás, cuando éste fue diputado federal (2000-2003).
Pero también los liga una relación estrecha de amistad.
De ahí que, en la gestión gubernamental del hoy prófugo de la justicia, ella accediera a la administración pública como subsecretaria de Ingresos y meses después fuera ascendida para atender la titularidad de la Secretaría de Finanzas.
Al mismo tiempo que ella fue nombrada subsecretaría de Ingresos, en octubre de 2016, su exmarido Juan José –carnal de Jorge Espino Ascanio, el Auditor estatal–, fue habilitado como presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, de la Secretaría del Trabajo.
En tanto su hijo, Juan José Espino Arteaga, pasó a ocupar la dirección de Informática del Instituto Registral y Catastral; mientras su hija, Alejandra María, arribó a la Dirección de Relaciones Institucionales y más tarde fue nombrada directora de Atención Ciudadana en la oficina del mandatario.
El nepotismo, entonces, estaba de moda, pues las hijastras del Auditor también alcanzaron ‘hueso’, cobrando elevados emolumentos por trabajos no realizados. O sea, se mantenían como ‘aviadoras’ en la oficina a cargo de su protector.
Son Jessica Mabel y Alejandra Melissa Calzado Saldívar.
Pero hubo más familiares de los Espino Ascanio y la señora Arteaga Reyna incrustados en la nómina cobrando sin trabajar, pero protegidos por su parentela y solapados por García Cabeza de Vaca.
La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos de Tamaulipas, en el artículo 47 fracción XVII, dicta que los funcionarios deben “abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII”.
Pero en Tamaulipas la ley no aplicó para los personajes cercanos al poder gubernamental.
Por cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó en mayo 15 de 2024 otra denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, en contra de María de Lourdes, por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y facultades, al disponer de jugosa liquidación para el ex fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda.
Esta engrosa los expedientes en contra de Arteaga Reyna.
Así que, supongo, la señora no tiene salida.
Cicuta
En caso de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine revocar el amparo concedido a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras la revisión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), lo más probable es que el gobierno mexicano solicite su extradición para entonces poderlo capturar.
De hecho, para la FGR es un prófugo de la justicia.
Pero él sigue burlándose al difundir, en las redes sociales, fotografías y videoclips, presumiendo su crianza de ganado Brangus, supuestamente en uno de sus ranchos enclavados en Tamaulipas.
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