CUADRANTE POLITICO———POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO——
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En septiembre del 2019, ocho personas fueron secuestradas y asesinadas por elementos pertenecientes al área de la seguridad pública estatal, en la ciudad de Nuevo Laredo.
En un inicio los funcionarios del entonces sexenio azul, aseguraban que habían abatido a civiles armados. Pero posteriormente salió a flote la verdad, en el sentido de que las víctimas eran principalmente jóvenes que fueron obligados a ponerse uniformes tipo militar, para luego acabar con ellos.
El pasado 12 de agosto, el gobierno del ingeniero Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ofreció una disculpa a las familias de las víctimas.
Tuvieron que pasar cuatro años, para que esto ocurriera. Y bajo un sexenio estatal, totalmente diferente a la violenta administración del periodo 2016-2022.
El pasado lunes, tres mujeres sobrevivientes de la masacre ocurrida en aquella ciudad fronteriza, iniciaron una huelga de hambre. Y demandaron que se cumpla con la recomendación 173VG/2024 emitida por la CNDH.
Las afectadas Kassandra Treviño, Jennifer Campillo Y Jessica Ortega, fueron torturadas por elementos policiacos, en el fraccionamiento Valles de Anáhuac. Se vivían los aciagos tiempos del sexenio cabecista. Ese mismo día, (el cinco de septiembre de 2019), ocho personas, en su mayoría jóvenes, fueron ejecutadas extrajudicialmente por elementos estatales y del ejército.
Este martes siete de octubre, de acuerdo a una nota publicada en el semanario Proceso, se da a conocer que, atendiendo a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobierno tamaulipeco del doctor AVA indemnizará a las víctimas de la masacre perpetrada contra jóvenes de Nuevo Laredo.
En el respectivo expediente de la CNDH/22022/12263/VG, se establece que, “elementos de fuerzas especiales, actuaron con impunidad, bajo las órdenes de Cabeza de Vaca, además de asesinar a ocho personas, cometieron violaciones graves a los derechos humanos, por el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego”.
Atendiendo a un documento girado por la CNDH el pasado 31 de octubre del 2024, la Secretaria General de Gobierno, emitió un comunicado en el cual dijo que se espera que la comisión estatal de víctimas, emita el dictamen correspondiente, que permita la reparación del daño a las víctimas indirectas de los hechos, cometidos por policías estatales, al servicio del anterior sexenio, emanado del PAN cabecista.
Trascendió que desde ayer lunes, el Subsecretario General de Gobierno Tomás Gloria Requena, viajó a Nuevo Laredo para entrevistarse con las mujeres participantes en la huelga de hambre, a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio. Se entiende por añadidura, que existe la voluntad del actual gobierno que preside el doctor Villarreal Anaya de reparar de manera integral los daños ocasionados. Y de promover un correcto acceso a la administración de justicia.
Las víctimas de esta masacre ocurrida en Nuevo Laredo, en septiembre de 2019, fueron la siguientes:
Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, Y Jennifer Hazel Romero López.
Aun no se sabe a cuanto ascenderá la compensación económica de los daños, aunque para efectos de vidas humanas, se trata de un hecho irreparable, las barbaridades cometidas durante el sexenio cabecista.
Lo cierto es que, ahora el gobierno de Américo Villarreal Anaya tiene que cumplir con la ley, y con el ordenamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los verdaderos culpables de estos multi homicidios, no tendrán que desembolsar ni un centavo. Tendrán que ser las instituciones estatales actualmente en vigor en Tamaulipas.
La pregunta es: ¿Es válido que un sexenio depredador de los más elementales derechos humanos , siga impune, mientras que el actual gobierno 4T, tiene que pagar por esas y otras atrocidades igual o ,peor de graves?
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