Las investigaciones por huachicol fiscal a través de la aduana marítima de Tampico señalan que los verificadores a cargo del exsubdirector de Vigilancia y Control, capitán Sergio Varela Morales, eran los encargados de presentar las muestras falseadas con aceite industrial, entre otras sustancias, para que los buques cargados con diésel ilegal pudieran descargar en pipas o carros tanques para ser distribuido en estaciones de gasolina de la región noreste del país.

         Entre los exfuncionarios que se relacionan con la red de huachicol se encuentran los verificadores Antonio Campos Vera y Leonardo Macías Valdivia, quienes permitieron el ingreso de cientos de litros del diésel ilegal por recibir fuertes sobornos para no reportar ni mucho menos denunciar el tráfico del hidrocarburo en la aduana marítima de Tampico.

         En la actualidad se encuentran detenidos y vinculados a proceso la exjefa del Departamento de Operaciones, Perla Isabel Castro Sánchez, quien se encargaba de enviar las muestras al laboratorio central de la Agencia Nacional de Aduanas de México (Anam) a cargo de Rafael Marín Mollinedo.

         De igual forma, los verificadores Anatalia J. Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías, quienes recibieron fuertes cantidades de dinero, según el extitular de la aduana marítima de Tampico, capitán Alejandro Torres Joaquín, quien en el proceso de investigación a través de la Fiscalía General de la República (FGR) se le conoce con el sobrenombre de “Santo”.

         Torres Joaquín también reveló que el administrador único de la empresa Tampico Terminal Marítima, S.A. de C.V., Antonio Dávila Capiterucho, era el encargado de recoger los 1.7 millones de pesos que se pagaban como soborno para permitir la entrada y descarga de los buques con diésel ilegal en el recinto fiscal 289 del puerto de Tampico.

         Cabe destacar, que el responsable de la concesión del recinto fiscal 289 es el empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa, quien fue coordinador de la campaña de Adán Augusto López Hernández, durante el proceso interno de Morena a la presidencia de la república.       

         También las investigaciones de la FGR poco a poco cercan a las empresas transportistas que se encargaban de la distribución del diésel ilegal y de las compañías gasolineras que se encargaban de vender el hidrocarburo, provocando pérdidas millonarias a las arcas fiscales.

         En otro tema, vaya escándalo que se generó el sábado pasado cuando en varios medios informativos y en las redes sociales salió la noticia de que el diputado federal Mario Alberto López Hernández, mejor conocido como La Borrega había sido detenido por elementos del Customs and Border Protección (CBP) por cerca de 14 horas, cuya versión fue desmentida a través de un comunicado de prensa que emitió la oficina del legislador del Partido Verde (PV).

         Mientras la noticia de los medios informativos y en las redes sociales señaló que el también exalcalde de Matamoros había sido interrogado por elementos del CBP acerca del huachicol, el comunicado de prensa desmintió en forma categórica que el legislador fuera detenido y calificó la versión como una falsa noticia que busca desprestigiar a La Borrega.

         Incluso, la noticia en medios informativos y en las redes sociales decía que le habían cancelado la visa para entrar a los Estados Unidos y que lo regresaron a México luego de que le devolvieron sus teléfonos celulares, entre otras pertenencias.

         Lógicamente que el desmentido de la oficina del legislador López Hernández causó confusión, pero todo indica que La Borrega ya no tiene visa y que seguramente la CBP lo seguirá investigando para determinar sí está o no involucrado en actividades ilícitas del huachicol.

         Varios reporteros que cubren la fuente de la Cámara de Diputados esperan con ansias la presencia del legislador matamorense para que les enseñe su visa o el pase que supuestamente se le extendió para entrar a los Estados Unidos.

         Por último, el próximo 1° de octubre entrará en vigor el denominado Monto Transaccional del Usuario (MTU) que impulsó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para evitar fraudes a través de las transferencias electrónicas, ya que cada tarjetahabiente debe de fijar un monto máximo a fin de que no sea sorprendido con que le vaciaron sus cuentas bancarias, cuyo trámite se puede realizar en su propio teléfono celular o acudir a una sucursal bancaria para recibir asesoría necesaria.

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