*.-Expertos advierten sobre el debilitamiento del interés legítimo y la defensa de derechos colectivos ante la propuesta de modificación a la ley de amparo.

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La iniciativa de reforma a la ley de amparo promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo limita el acceso a este mecanismo de protección y pone en riesgo figuras como el interés legítimo y la suspensión del acto reclamado, advirtió el abogado Esteban Arias Maldonado.

Con esta propuesta de reformas, dijo, se disminuyen las posibilidades de defensa a través del amparo porque se debilita el interés legítimo que es proteger al ciudadano.

“Ahora exige la norma, una lesión jurídica real actual y diferenciada, que si yo solicito diga cuál es mi interés diferenciado y eso es contra de la Constitución porque el artículo 107 Constitucional dice que los juicios de amparo se seguirán a instancia de parte agraviada con un interés individual o colectivo”.

“Están matando el interés colectivo que eso es progresivo en los derechos humanos, es lo que siempre se ha sostenido en el amparo, y además efectos generales, para que si yo gano, también te proteja a ti”, añadió.

Arias Maldonado cuestionó también la reforma en cuanto a los elementos para el otorgamiento de la suspensión en el amparo.

“Ahora se le agregan una serie de requisitos adicionales como la certeza inminente del acto autoritario. Lo tienes que probar, el juzgador debe estar seguro de que no cause un daño de difícil reparación”.

El abogado principal en Arias & Asociados señaló que las normas generales, actos u omisiones de las autoridades que se refiere los párrafos 15 y 17 del artículo 28 de la Constitución Federal no serán objeto de suspensión; “y si el Servicio de Administración Tributaria te determina un crédito fiscal por un error, no se puede pedir amparo sino hasta el remate de los bienes”.

Otro golpe a las posibilidades de defensa frente a los actos de autoridad, mencionó, se da en todo lo que tiene que ver con el espectro radio eléctrico, radiodifusión y las telecomunicaciones, ya que de acuerdo con la reforma propuesta a ninguna empresa relacionada con estas actividades le van a conceder una suspensión.