Por: Luis Enrique Arreola Vidal.

La ficción rendida ante la realidad.

Algunas historias nacen para el cine o la literatura. Pero hay otras que solo la realidad puede escribir, con la frialdad de las cifras y la crudeza de la sangre.

El operativo del 7 de septiembre de 2025 en Tampico, Tamaulipas, desgarró el velo de una nación que creía haberlo visto todo.

No fue un golpe policiaco más, sino la revelación de un Estado paralelo, incrustado en las entrañas de la Marina, las aduanas y el poder político, cuya sofisticación deja en ruinas a las viejas leyendas de la Cosa Nostra siciliana y a los carteles colombianos.

Lo que se destapó en los puertos de Tampico y Altamira no es la trama de una serie televisiva.

Es la prueba de que el crimen ya no se limita a sobornar al Estado: se ha convertido en el Estado mismo.

Capítulo I: El día que el Estado se exhibió.

La cronología del operativo es demoledora:
• Más de 200 órdenes de aprehensión giradas.
• 14 detenidos iniciales: marinos, empresarios y exfuncionarios de aduanas.
• Bloqueo de cuentas, propiedades y empresas fachada.
• Confirmación de un saqueo monumental: 190 millones de litros de diésel contrabandeados entre 2024 y 2025.

El fraude se ejecutaba con precisión quirúrgica: 31 buques, disfrazados como cargamentos de “aditivos”, burlaron controles y leyes.

Cada embarcación pagaba una tarifa fija: 1.75 millones de pesos en sobornos.

El exdirector de la aduana de Tampico, hoy protegido bajo el alias de “Santo”, confesó haber recibido 24.5 millones por 14 barcos.

No se trataba de una operación improvisada, sino de una empresa criminal institucionalizada, con logística, financiamiento y respaldo de alto nivel.

Capítulo II: La empresa criminal institucionalizada.

La red funcionaba como un consorcio. Los empresarios ponían las empresas fachada. Los aduanales abrían los accesos. Los marinos, con uniforme y jerarquía, garantizaban protección.

La corrupción se había normalizado tanto que dejó de ser “ilegal” en la práctica.

Se había transformado en una política de facto en los puertos de Tamaulipas: un sistema paralelo que drenaba riqueza, financiaba complicidades y blindaba a sus cómplices.

Lo inaudito no era el contrabando en sí, sino la naturalización del delito como práctica de Estado.

Capítulo III: La sangre que mancha los apellidos.

El corazón del escándalo no fueron los empresarios ni los burócratas de segunda línea.

Fue el descubrimiento de que el nepotismo naval había incubado el crimen dentro de la cúpula militar.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, comandante de la 12ª Zona Naval, cayó detenido. Su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, permanece prófugo. Ambos son sobrinos políticos del almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador.

Ese vínculo no es anecdótico: es la confirmación de que el crimen había trepado hasta la cima del poder naval, usando lazos familiares como escudo e impunidad.

La defensa oficial asegura que el propio Ojeda denunció las irregularidades en 2023.

¿Técnicamente creíble? Tal vez.

¿Políticamente suficiente? De ningún modo.

La pregunta que corroe los pasillos del poder es inevitable:

¿Cuánto supo? ¿Cuánto calló?

¿Cuánto permitió el encubrimiento institucional en nombre de la lealtad y la costumbre?

Capítulo IV: El capitán que cayó en silencio.

El 8 de septiembre, apenas un día después del operativo, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, apareció muerto en su oficina.

La versión oficial: suicidio.

La interpretación política: silenciamiento.

Se le acusaba de recibir 100 mil pesos por permitir un atraco. Una cantidad irrisoria frente al océano de millones que la red drenaba.

Su muerte no fue un detalle marginal, sino un mensaje brutal. En los sistemas de corrupción estructural, los eslabones débiles no hablan: son borrados.

El capitán Pérez Ramírez se convirtió en la metáfora viva —y muerta— de un monstruo que devora a sus propios guardianes.

Capítulo V: La espada de Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum se jugó la legitimidad de su gobierno en una frase contundente:

“No habrá impunidad, toque hasta donde toque y a quien toque”.

Ese juramento es la frontera entre dos futuros irreconciliables:
• El de una purga institucional que rompa con los pactos de impunidad heredados del lopezobradorismo, incluso sacrificando nombres intocables.
• O el de la traición continuada, donde el caso quede atrapado en la simulación y se repita la vieja historia mexicana: promesas de justicia que mueren en la impunidad selectiva.

En manos de Sheinbaum no está solo la justicia.

Está la posibilidad de que este sexenio sea recordado como la primera gran ruptura o como la confirmación de la derrota moral del Estado mexicano.

Capítulo VI: México frente al espejo global.

El caso no puede leerse en clave local.

Necesita un contexto comparativo que muestre su magnitud:

•   El Juicio de la Comisión de la Mafia (Nueva York, 1985–1986): Giuliani descabezó a cinco familias mafiosas aplicando la ley RICO. 

Fue histórico, pero enfrentaba criminales externos al Estado.

•   Pablo Escobar (Colombia, años 80): levantó un narco-Estado paralelo, con congresistas, jueces y policías comprados, pero nunca incrustó vicealmirantes en la jerarquía militar.

•   Al Capone (Chicago, 1920s): dominó la ciudad durante la Prohibición, pero terminó atrapado por evasión fiscal.

En cambio, el Caso Tampico 2025 es otra cosa: no hablamos de mafias sobornando al poder, sino de fracciones del poder convertidas en mafias.

Aquí la institución es el vehículo.
El uniforme, la cobertura.
El apellido, el blindaje.

La radiografía de una enfermedad terminal.

El operativo de Tampico no fue un éxito.

Fue un espejo cruel que mostró al país la radiografía de una enfermedad terminal en su corazón institucional.

La muerte del capitán Pérez Ramírez reveló el precio de la verdad: un sistema que elimina a quienes saben demasiado, que protege a los de arriba sacrificando a los de abajo.

El mundo debe observar este caso como el paradigma del crimen organizado del siglo XXI: ya no son clanes externos, sino instituciones completas funcionando como empresas criminales, con uniformes, sellos oficiales y apellidos de abolengo.

El futuro de México dependerá de si la justicia logra, por primera vez en su historia, escalar hasta la cima de la pirámide de impunidad.

De lo contrario, el 7 de septiembre de 2025 quedará escrito como el día en que México superó a la mafia global… para hundirse en ella.