CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Hemos insistido desde este espacio, una y otra vez, en el colapso del sistema de procuración de justicia en Tamaulipas. Sin embargo, parece que nuestras palabras rebotan contra muros de indiferencia. Ni el Fiscal General de Justicia, Irving Barrios Mojica, ni sus colaboradores se dan por enterados.
Lo más grave es que no se trata de denuncias periodísticas aisladas. Son reclamos que provienen de ciudadanos, de víctimas y de litigantes que padecen cada día el naufragio de un sistema incapaz de responder. Son ellos quienes conocen, con precisión quirúrgica, la radiografía de un modelo que se vende como innovador, pero que en la práctica agoniza.
El llamado “proyecto piloto de tres pisos”, que prometía agilizar la investigación y persecución de delitos, es hoy un cascarón vacío. Los expedientes se apilan sin resolverse, mientras las víctimas esperan justicia que nunca llega.
La capital del estado se ha convertido en el epicentro de un cuello de botella que bloquea la esperanza de miles.
No exageramos. Los rezagos se cuentan por miles de carpetas de investigación. Cada una de ellas representa un caso sin respuesta, un agravio sin castigo, una víctima condenada a vivir con la impunidad.
Y aun con esta realidad a la vista, la Fiscalía responde con silencio. El fiscal Barrios Mojica se ha especializado en escuchar sin oír, en mirar sin ver y en administrar la inercia como si el tiempo, por sí mismo, resolviera los problemas. Hay una indiferencia total del justiciero.
Uno de los casos más alarmantes es la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (FENAM). Una instancia que debería ser prioridad absoluta y que, sin embargo, opera al borde del colapso.
Los casos que allí ingresan son delicadísimos: abusos sexuales, violencia intrafamiliar, explotación. Y, sin embargo, en lugar de atención ágil encuentran un embudo interminable. La acumulación de denuncias supera con creces la capacidad de respuesta de un personal insuficiente.
Lo hemos señalado antes: la FENAM no sólo enfrenta carencia de recursos humanos, sino que funciona en instalaciones indignas, sin los espacios adecuados para brindar atención confidencial, digna y humana a las víctimas.
La consecuencia es doblemente grave. Por un lado, la impunidad que se multiplica. Por otro, la revictimización institucional de niñas, niños y adolescentes que, después de sufrir un delito, deben cargar con la indiferencia burocrática.
¿De qué sirvió presumir un modelo moderno, si hoy sus cimientos están resquebrajados? La idea de una procuración de justicia eficiente quedó atrapada en el discurso. La realidad cotidiana es la de un sistema exhausto, paralizado y cada vez más distante de los ciudadanos.
Hemos reiterado este señalamiento en múltiples ocasiones. Y lo volveremos a hacer cuantas veces sea necesario, porque callar sería aceptar que la injusticia se normalice. Pero insistir no basta si del otro lado solo hay silencio.
El Fiscal General debe entender que no se trata de un ataque personal ni de una ocurrencia mediática. Es la voz de la ciudadanía la que se alza detrás de estas denuncias. Es la frustración acumulada de quienes tocan la puerta de la justicia y nunca reciben respuesta.
Es hora de una autocrítica institucional. Fingir que no pasa nada es una falta de respeto a las víctimas y un agravio a la sociedad.
¿Qué alternativas existen? Primero, reconocer que el modelo actual fracasó. A partir de ahí, replantear la estrategia: más personal especializado, mejor infraestructura y una redistribución inteligente de recursos.
El Congreso también tiene un papel clave. Debe dejar de ser un espectador pasivo y ejercer su facultad de exigir cuentas a la Fiscalía. El presupuesto no es un cheque en blanco: debe ser un instrumento para transformar.
La sociedad civil, por su parte, necesita mantener la presión. Colegios de abogados, organizaciones ciudadanas y colectivos de víctimas tienen que seguir visibilizando el colapso. Mientras más se hable del tema, más difícil será para las autoridades ignorarlo.
Porque lo que está en juego no son expedientes, son vidas. Cada carpeta rezagada es una historia inconclusa, una herida abierta y un recordatorio de que la justicia en Tamaulipas está atrapada en un laberinto sin salida.
Hemos levantado la voz antes, lo hacemos hoy y lo seguiremos haciendo. La justicia no puede seguir siendo un privilegio para pocos ni un trámite eterno para muchos.
Tamaulipas no merece un sistema de justicia mudo, sino uno que responda con firmeza, eficiencia y humanidad. Y mientras eso no ocurra, seguiremos insistiendo, aunque el Fiscal prefiera seguir con los oídos sordos.
EL RESTO.
¿SE VA O SE QUEDA?.- Como ya se ha dicho, en diciembre próximo se le vence el periodo para el que fue electo el Fiscal General de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, y todavía no hay claridad sobre su situación: ¿Le darán la oportunidad de reelegirse en el cargo o de plano ya tienen su relevo?
Si se hiciera una encuesta interna o externa, ganaría el “que se vaya”, pero esas decisiones son de índole político y no por merecimientos o capacidad.
Como quiera que sea, el todavía magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Hernán de la Garza Tamez, sigue posicionado como el principal prospecto a ocupar la titularidad de la Fiscalía.
ASI ANDAN LAS COSAS
