CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Estados Unidos está cerrando la pinza en la investigación contra políticos mexicanos que, durante décadas, brindaron protección a los capos del narcotráfico.
La reciente declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada y los beneficios otorgados a distintos líderes del Cártel de Sinaloa y otros capos mexicanos evidencian que la justicia estadounidense tiene ya información suficiente para abrir procesos contra funcionarios y políticos de todos los partidos.
“El Mayo” no era un personaje menor. Medio siglo de impunidad lo convierten en un símbolo del narcotráfico en México, pero también en la muestra más clara de la enorme red de complicidades que lo protegió. Nadie permanece 50 años en la cúspide del crimen organizado sin la cobertura de autoridades políticas, militares y policiales.
La confesión de Zambada, y el acuerdo que alcanzó con la justicia estadounidense, son más que un asunto judicial: son un mensaje político. Washington ha comenzado a mover las piezas para desentrañar la red de complicidades que permitió que los grandes capos se convirtieran en intocables.
El detalle más delicado es que el alcance de esa red no distingue colores partidistas. Si bien hoy se señala a integrantes del actual partido en el poder, lo cierto es que la protección al narcotráfico fue un pacto transexenal en el que participaron priistas, panistas y ahora también morenistas.
La declaración de culpabilidad de “El Mayo” abre la puerta a que Estados Unidos exponga nombres. Y aunque sus abogados niegan que delatará a funcionarios que lo protegieron, es obvio que debió haber aportado identidades a los fiscales, lo cual podría detonar en los próximos meses.
En el fondo, lo que EU está mostrando es que su estrategia va más allá del combate a los cárteles: apunta hacia la corrupción política mexicana. No se trata ya de detener capos, sino de romper el andamiaje político que los sostuvo.
México, sin embargo, sigue sin reconocer esa dimensión. El discurso oficial insiste en tratar el narcotráfico como un asunto de seguridad pública, cuando en realidad es un problema de Estado. La confesión de Zambada demuestra que el crimen organizado nunca habría crecido tanto sin la protección del poder político.
Para Tamaulipas, este tema no es ajeno. El estado ha sido durante décadas un epicentro del crimen organizado. La guerra entre cárteles que marcó a la región no habría sido posible sin la permisividad —cuando no la complicidad— de autoridades locales y federales.
Las investigaciones en cortes de Estados Unidos ya han alcanzado a exgobernadores y a políticos tamaulipecos. Algunos han enfrentado procesos por lavado de dinero; otros, por nexos directos con cárteles. Tamaulipas es el ejemplo vivo de cómo el poder político y el poder criminal se fundieron en una relación de mutuo beneficio.
La lógica es simple: para que un capo pueda mover toneladas de droga, requiere rutas, carreteras, aduanas, aeropuertos y garantías de que no será molestado. Eso no se consigue sin acuerdos políticos.
“El Mayo” lo logró durante 50 años. Eso significa que hubo medio siglo de políticos, gobernadores, alcaldes, mandos militares y corporaciones policiacas que lo dejaron operar. Su confesión apunta hacia esa verdad incómoda.
Si Estados Unidos decide avanzar, lo hará con expedientes sólidos. Washington no da pasos en falso en casos de alto perfil. Y lo que hoy vemos es un rompecabezas de complicidades que, tarde o temprano, podría empezar a exhibirse.
¿Qué significa esto para México? Primero, un terremoto político. Cuando empiecen a salir nombres, el golpe no será exclusivo de un partido. Habrá priistas, panistas, morenistas y perredistas. La corrupción que sostuvo al narco fue transversal.
Segundo, una nueva crisis institucional. Porque lo que quedará expuesto es que el Estado mexicano, en distintos niveles, no solo falló en combatir al crimen organizado: fue parte de él.
Tercero, una presión diplomática inevitable. México no podrá seguir evadiendo su responsabilidad cuando sea Estados Unidos quien exponga lo que aquí se ocultó durante décadas.
La declaración de El Mayo es una bomba de tiempo. Pero también puede ser una oportunidad. Si se asume con seriedad, podría abrir la puerta a un proceso de limpieza institucional, en el que México deje de normalizar la complicidad con el narcotráfico.
La esperanza es que esta vez no se cierre el expediente con un silencio cómplice. Que la confesión de un capo sirva, al fin, para mirar de frente a la podredumbre política que sostuvo al crimen organizado.
El Mayo Zambada no será recordado solo como el capo más longevo de México. Su declaración lo convierte en testigo incómodo de la historia política nacional. Y su voz puede marcar el principio del fin de una era de pactos oscuros.
Estados Unidos ha cerrado la pinza. Ahora, la pregunta es si México se atreverá a romperla desde adentro.
ASI ANDAN LAS COSAS.
