CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Es notorio que la Federación ha mejorado su capacidad para enfrentar la inseguridad pública en distintas regiones del país. Los operativos conjuntos, la depuración de corporaciones y la profesionalización policial marcan un avance respecto a años anteriores.
Sin embargo, hay estados que requieren un traje a la medida, y Tamaulipas es el mejor ejemplo: su ubicación fronteriza, su peso económico y la presión del crimen organizado lo convierten en un reto particular que no puede atenderse con fórmulas generales.
La reciente reunión en la Ciudad de México entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los secretarios ejecutivos estatales de seguridad pública buscó enviar un mensaje de unidad.
Se habló de recursos federales, de capacitación y de acompañamiento a los estados. El gesto es positivo, pero la pregunta central para los tamaulipecos es: ¿cómo aterrizan esos compromisos en la vida diaria de nuestra entidad?
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), junto con otros programas federales, es fundamental para sostener la estrategia. No obstante, la percepción en Tamaulipas sigue siendo que los recursos no alcanzan a traducirse en tranquilidad. Las carreteras, el transporte de mercancías y la vida comunitaria aún se ven marcados por el riesgo.
La transparencia y la rendición de cuentas resultan cruciales en este contexto. No basta con transferir recursos ni anunciar su monto; la ciudadanía necesita saber en qué se invierten y, sobre todo, comprobar que esa inversión regresa en forma de seguridad palpable.
La profesionalización de las policías es otro de los ejes de la estrategia nacional. Bien llevada, puede significar un antes y un después. Pero para Tamaulipas la apuesta debe incluir también condiciones laborales dignas, estabilidad de carrera y protección real para los elementos. De nada sirve formar a buenos policías si el sistema los abandona o los expone a la corrupción.
El reto es lograr que la coordinación nacional no sea solo un mecanismo administrativo, sino una política de cercanía con las realidades regionales. En el caso de Tamaulipas, se trata de reconocer que enfrenta un tipo de criminalidad y un nivel de presión económica y social distinto al de la mayoría de los estados.
Los discursos de unidad nacional son necesarios, pero el ciudadano tamaulipeco no vive de discursos.
La Federación ha mostrado voluntad, y eso debe reconocerse. Pero Tamaulipas necesita más que voluntad: requiere un modelo flexible que combine recursos, capacitación y una estrategia diseñada para su geografía y sus riesgos.
El papel de la sociedad civil y de los observatorios ciudadanos también puede ser clave. Incorporar a los ciudadanos como contralores y testigos de la estrategia permitiría blindar los recursos contra la opacidad y dar legitimidad a los programas.
En ese sentido, la coordinación nacional debe abrirse a nuevas formas de participación social. Un modelo de seguridad que excluya a la ciudadanía siempre será percibido como incompleto.
Los avances logrados en la política federal de seguridad no deben minimizarse, pero el verdadero éxito se medirá en la capacidad de transformar la percepción en regiones complejas. Tamaulipas es la prueba de fuego.
La reunión en la capital del país fue un buen inicio, pero no debe quedarse en un acto protocolario. Lo que la frontera necesita es que los acuerdos se traduzcan en acciones visibles y permanentes.
Si el estado logra aterrizar los recursos federales con una estrategia propia y efectiva, podría convertirse en un modelo de cómo la coordinación nacional y la visión local se complementan.
La seguridad en Tamaulipas no puede improvisarse: requiere planeación, voluntad política y compromiso ciudadano. El país lo sabe porque lo que ocurre en la frontera no es un asunto aislado, sino una cuestión de interés nacional.
La lección es clara: los logros federales deben acompañarse de diagnósticos regionales. La seguridad nacional solo será posible si cada estado logra avanzar desde su propia realidad.
Tamaulipas, con todos sus desafíos, necesita respuestas más ágiles y directas que las que puede ofrecer un modelo uniforme. Y si no se le da ese “traje a la medida”, el riesgo es que los recursos y los discursos se conviertan en un ritual político más, sin modificar la vida cotidiana de la gente.
La coordinación nacional tiene la responsabilidad de abrir ese camino y de acompañar a los estados no solo con recursos, sino con estrategias inteligentes y diferenciadas.
La seguridad no puede uniformarse, debe adaptarse. Y ahí está el reto: lograr que los acuerdos nacionales se conviertan en certezas locales.
Porque, al final, la seguridad no es un discurso político: es la posibilidad de vivir sin miedo. Y si Tamaulipas no logra traducir la coordinación en resultados tangibles, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública corre el riesgo de quedarse como una promesa incumplida.
ASI ANDAN LAS COSAS.
