Por: José Medina
El diputado defensor de las causas obreras, Byron Eduardo Cavazos Tapia presentó durante la diputación permanente una iniciativa para erradicar la prohibición de cualquier forma de discriminación basada en el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, las discapacidades, el estatus social, la salud, la religión, las creencias, las orientaciones sexuales, el estado civil o cualquier otro factor que vulnere la dignidad humana o busque socavar los derechos y libertades individuales, establecido en la Constitución Federal transite a la par y en armonía para así garantizar la efectiva protección y promoción de este derecho constitucional en Tamaulipas, como tiene a bien señalarlo nuestro máximo ordenamiento legal federal.
«Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades del pueblo Tamaulipeco», informa la propuesta.
Agregó que hoy más que nunca, el respeto a los derechos humanos consagrados en el artículo 1 0 de la Constitución Federal —y desarrollados por los tratados internacionales de los que México es parte— exige que las constituciones locales reconozcan con igual fuerza y amplitud esos derechos y principios, sin limitaciones o formulaciones ambiguas.
La homologación normativa no significa la pérdida de autonomía local, sino su ejercicio responsable. Significa que las entidades federativas asumen con seriedad su papel dentro del pacto federal, y que comprenden que la diversidad no puede ser pretexto para el rezago, ni la soberanía para la incongruencia normativa, indicó.
«Por ello considero que, actualizar, armonizar y homologar nuestras disposiciones constitucionales local es una labor técnica, pero también ética y jurídica. Técnica, porque exige precisión legislativa. Jurídica, porque deriva del marco constitucional nacional. Y ética, porque se trata de garantizar los derechos, la igualdad y la dignidad de todas las personas.
Reformar nuestras normas locales para reflejar el contenido, alcance y espíritu de la Constitución Federal, no es solo buena práctica legislativa: es una obligación constitucional, una exigencia de justicia y una muestra de responsabilidad institucional», agregó el diputado por Reynosa.
