CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
En el Congreso de Tamaulipas, como en muchos otros congresos locales y en la Cámara federal, se sigue repitiendo una dinámica que merece una reflexión más profunda: la urgencia de los legisladores por mostrar productividad a cualquier costo.
El caso más reciente fue la propuesta del diputado morenista, Alberto Moctezuma Castillo, quien planteó expedir una nueva ley llamada: Ley para el Mantenimiento Limpieza y Desmalezado Obligatorio de Predios Urbanos y Rurales…”
El ordenamiento normativo propuesto busca obligar a los ciudadanos a limpiar sus predios urbanos y rurales.
Es una iniciativa que, en el fondo, busca atender un problema real, pero que plantea interrogantes sobre la pertinencia de recurrir siempre al mismo recurso: crear más leyes.
El planteamiento del legislador parte de una preocupación legítima. Los lotes baldíos y casas abandonadas suelen convertirse en focos de enfermedades como dengue, zika o chikungunya, además de representar riesgos de seguridad. Se trata de un tema de interés público que nadie puede negar.
El error, sin embargo, puede radicar en la vía elegida. Porque lo que hoy se presenta como novedad ya existe en los reglamentos municipales, donde se contemplan sanciones para propietarios que descuiden sus predios.
La iniciativa, con todo y su extenso título, no deja de ser una duplicación normativa. Y es aquí donde debemos hacer un alto: ¿realmente necesitamos más leyes, o más bien necesitamos hacer cumplir las que ya tenemos?
Este no es un señalamiento aislado. En casi todas las legislaturas, locales o federales, abundan las iniciativas que buscan regular lo evidente, sancionar lo que ya está prohibido u obligar lo que ya es obligatorio. Y detrás de esta dinámica está la idea de que “productividad” significa llenar la agenda con iniciativas, aunque su calidad o relevancia sea cuestionable.
El problema no es legislar mucho, sino legislar sin sentido práctico. El exceso de normas termina generando confusión jurídica, burocracia innecesaria y, en algunos casos, hasta contradicciones en el marco legal vigente.
La iniciativa de Moctezuma Castillo es una muestra de un fenómeno que deberíamos discutir con seriedad: la diferencia entre la productividad legislativa aparente y la productividad legislativa real.
La primera se mide en números: cuántas iniciativas se presentan, cuántos puntos de acuerdo se promueven, cuántas reformas se anuncian. La segunda se mide en impacto: qué tanto esas leyes transforman la vida de las personas, resuelven problemas y generan condiciones más justas.
Lo que urge es apostar por esta segunda. Porque mientras los legisladores se concentran en “crear” nuevas leyes para lo obvio, los grandes retos de Tamaulipas siguen esperando soluciones: la crisis de agua, la inseguridad, el campo en decadencia o la precariedad laboral.
No se trata de descalificar a quienes, desde una buena intención, buscan aportar ideas. Se trata de invitar a nuestros legisladores a elevar el nivel de su trabajo, a rodearse de asesores competentes y a construir normas que realmente marquen diferencia.
En lugar de multiplicar leyes, se podría reforzar la coordinación entre municipios, dotarlos de recursos para aplicar sus reglamentos y garantizar que las sanciones se cumplan. La solución no siempre está en un nuevo decreto, sino en la eficacia institucional.
En esta misma lógica, se podría pensar en fortalecer campañas de concientización comunitaria, donde sociedad y autoridades trabajen juntos para atender problemas cotidianos, sin necesidad de sobrecargar el marco jurídico.
La verdadera grandeza de un Congreso no radica en la cantidad de páginas que llenan sus gacetas, sino en la calidad de las normas que emiten. Una buena ley puede ser suficiente para transformar un ámbito de la vida pública; diez leyes mal diseñadas solo generan ruido.
El reto es que nuestros representantes entiendan que legislar no es improvisar soluciones rápidas, sino pensar en políticas de largo alcance que integren la experiencia de expertos, el conocimiento de la sociedad civil y la viabilidad institucional.
De poco sirve una ley que multiplica sanciones si no hay capacidad para aplicarlas. De poco sirve imponer obligaciones si no existen incentivos o mecanismos de apoyo que hagan posible cumplirlas.
La propuesta del diputado puede servirnos, entonces, como ejemplo para reflexionar: no basta con tener voluntad de cambio, se requiere método, planeación y visión.
Quizá el debate más valioso que deje esta iniciativa no sea si se aprueba o no, sino si logra despertar la conciencia de que legislar con sentido común es lo que hoy más necesita Tamaulipas.
¿En verdad, la escoba necesita una ley?
ASI ANDAN LAS COSAS.
