Cd. Victoria, Tam.- El mes pasado, el Ejecutivo federal presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional que busca expedir una ley general contra la extorsión.
La cual se perseguiría por oficio, sin necesidad de una denuncia formal, buscando proteger a las víctimas de represalias, factor que hoy contribuye a desalentar a los denunciantes. Temor harto comprensible.
La iniciativa de la doctora SHEINBAUM fue recibida en San Lázaro el 8 de julio de 2025. Como avance inicial, el respectivo dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales fue aprobado por unanimidad (37 votos) el 5 de agosto de 2025.
Salvado este trámite, el pleno de los diputados (en tanto cámara de origen) tendría 180 días para votar la reforma por mayoría calificada. Las dos terceras partes de los legisladores asistentes.
Pero el camino es largo todavía. Pasaría luego al Senado (en este caso, cámara revisora) que por igual exigirá el dictamen de la comisión respectiva, para ser votado en el pleno de la Cámara Alta, también por mayoría calificada.
Una vez librado este paso, se requiere que al menos 17 de los 32 congresos locales aprueben la reforma, en este caso por mayoría simple. Vendría entonces su promulgación y publicación en el Diario Oficial, para finalmente entrar en vigor.
LOS CAMBIOS
De prosperar la reforma, el Estado asumiría la responsabilidad de iniciar las investigaciones sin denuncia formal, para proteger a las víctimas. Se pretende además homologar el tipo penal y las sanciones en las 32 entidades federativas.
Con la definición única y estandarizada del ilícito en todo el territorio nacional, para que características, elementos y sanciones sean uniformes, basadas en la definición que la nueva ley ofrezca sobre las conductas constitutivas de ese delito.
Entre otras, coaccionar o amenazar para obtener un beneficio económico; así como sus elementos esenciales (chantaje, ánimo de lucro, daño patrimonial) y las penas aplicables.
Evitarían así las diferencias entre los códigos penales de los estados. La definición, los requisitos, las sanciones. Por eso hablan de homologar, para que la falta se tipifique de la misma manera y se eviten disparidades en su persecución y castigo. Se insiste en una definición integral para evitar variantes significativas entre los estados incluyendo modalidades como los cobros de piso y peaje, así como las amenazas telefónicas desde los penales, referidas ayer en este espacio (https://tinyl.co/3bYS).
RANKING NACIONAL
La extorsión suele llegar acompañada de delitos peores. Si la persona se resiste o se atrasa en sus pagos, el problema se multiplica para incluir secuestro y homicidio. Les incendian sus negocios.
Casos patéticos abundan. El vendedor de flores asesinado en Puebla en 2024 por negarse a pagar la “cuota” de 800 pesos que le pidieron para dejarlo trabajar. O el secuestro y asesinato de un niñito de cinco años en el Estado de México, por una deuda de mil pesos.
Conducta ilícita donde un individuo “con ánimo de lucro, coacciona o amedrenta a otra para causar daños morales, físicos o patrimoniales”, de manera directa o amagando con dañar a personas cercanas. Familiares o, incluso, empleados.
En todas sus modalidades alcanzaría sus niveles más altos en los estados de Guanajuato, Edomex, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, que, en conjunto, representan el 66% de los casos.
No asoma, por cierto, Tamaulipas en este ranking. Aunque los números son algo contradictorios. Por una parte, según la organización ciudadana “Semáforo Delictivo”, nuestra entidad tendría una de las tasas más bajas del país, en los primeros cinco meses de 2025.
Aunque COPARMEX y FECANACO hablan de un aumento significativo; por igual, en los primeros cinco meses del año. Las denuncias se habrían disparado un 250%.
Aún así, seguimos por debajo de los ocho estados arriba mencionados. Interesante reflexión. ¿Cómo andará la cosa en otras regiones de la república que Tamaulipas se mantiene en la media tabla?…
OTRAS LATITUDES
Con el renovado marco jurídico ahora en trámite, se contemplan políticas de prevención en los tres niveles de gobierno. Sistemas de investigación mediante inteligencia asistida por medios digitales. Lo cual incluiría unidades estatales focalizadas en ello y la cancelación inmediata de las líneas telefónicas usadas para dicho fin.
Bajo una mirada amplia se reconoce que afecta no solamente a individuos, sino también a empresas, negocios y cadenas productivas. Limita la inversión, el empleo y el crecimiento.
En un vistazo global, importa mencionar el caso de Italia, país de legendarias organizaciones criminales, con literatura y cinematografía muy amplias sobre el tema. Y de jueces mártires, como el heroico fiscal GIOVANNI FALCONE, ejecutado en 2017. Siciliano, por cierto, oriundo de Palermo.
Durante el último cuarto de siglo, el gobierno italiano ha desarrollado un marco jurídico integral, centrando su esfuerzo en el crimen organizado, con la participación decidida de la sociedad civil.
Penas muy severas, incautación de bienes y una colaboración amplia entre el gobierno y el sector privado para proteger a los negocios afectados. En cuanto a la iniciativa mexicana, queda mucho por conocer. Conviene esperar detalles cuando pase al pleno de la Cámara Baja.
BUZÓN: [email protected]
