Cd. Victoria, Tam.- La opinión pública ha respondido con alivio a los dos traslados de reos peligrosos a la Unión Americana (febrero y agosto). Auténtico hito en la historia de la colaboración binacional contra el crimen.
Primero fueron 29, luego 26, en total 55 jefes delictivos requeridos por el Departamento de Justicia americano, con solicitudes formales de extradición por cargos graves.
Decisión pragmática bien vista por todas las corrientes políticas. Sea cual sea el castigo que les espera y aún si se convierten en testigos protegidos, el liderazgo que ejercían desde sus celdas se terminó.
El compromiso americano se reduce a no aplicar pena de muerte a los deportados. Según la gravedad de sus cargos podrían merecer (como el “Chapo”) cadenas perpetuas. O si recuperan la libertad sería en edad muy avanzada.
La parte cuestionable de todo esto es la imagen que proyecta el sistema penitenciario mexicano. Exportar reclusos representa una aceptación tácita de su fracaso como centros de rehabilitación. Y de la vigilancia misma.
Ni han podido evitar los autogobiernos, ni el uso generalizado de teléfonos celulares, desde los cuáles giran órdenes a sus subordinados que andan libres, con lo cual incrementan desde adentro la autoría intelectual de muchos delitos, incluyendo homicidios.
Amén de las llamadas de extorsión que , pese a todas las promesas, se siguen haciendo desde las instituciones penitenciarias, incluso en centros de alta seguridad.
SOBREPOBLACIÓN
El otro problema se llama hacinamiento, en buena parte vinculado a la aplicación tan amplia de la llamada Prisión Preventiva Oficiosa. Medida polémica que mantiene tras las rejas a personas acusadas de numerosos delitos, antes de dictar sentencia. Sin derecho a libertad bajo fianza o medidas cautelares alternativas.
Está incluida en el artículo 19 de la Constitución Política desde 1917 y en el respectivo Código de Procedimientos Penales. Al paso de los años aumentó el número de delitos acreedores a dicha disposición.
AMLO incrementó la lista dos veces, en 2019 y 2024. Bajo el gobierno de la doctora SHEINBAUM, en enero de 2025, se añadieron cargos como narcomenudeo y contrabando.
Duro reto para la administración de la justicia. Según datos del INEGI, al cierre de 2024 había, en números cerrados, 85 mil presos sin sentencia en México. Es decir, el 36% de la población penitenciaria. De lo cual, el 47% obedece a la citada Prisión Oficiosa.
La misma fuente calcula que entre 19 mil y 22 mil casos llevan al menos 24 meses (o más) en espera de sentencia, rebasando con ello el límite constitucional de dos años. Situación injustificable, salvo que la prolongación se deba a la defensa.
Por su parte, un Grupo de Trabajo de la ONU calculó que (rebasado o no el límite constitucional) habría 90 mil personas retenidas sin sentencia, la mitad de ellas, en prisión oficiosa.
MAL CRÓNICO
A la saturación carcelaria se añade el inmenso poder de los jefes delictivos presos, su capacidad para seguir dirigiendo operaciones criminales desde su crujía, la compra de jueces venales que les conceden liberaciones anticipadas, sentencias absolutorias o, al menos, su reubicación en cárceles de baja seguridad.
Ciertamente, la crisis del sistema penitenciario no nació ahora. Viene de los últimos regímenes priístas y se prolongó durante los dos gobiernos del PAN y el postrero régimen tricolor de PEÑA NIETO.
Pero más allá de las culpas reales y la responsabilidad de los gobiernos hoy llamados del PRIAN, la situación tampoco mejoró tras al advenimiento del obradorismo, de 2018 a la fecha.
Todo esto aflora cuando nos enteramos que el gobierno mexicano prefirió delegar en la justicia gringa, la responsabilidad del castigo a los reos de mayor peligro.
La entrega (hasta hoy) de 55 líderes (sumando los dos grupos, de febrero y agosto) puede en efecto obedecer a causas económicas como las tercas amenazas arancelarias de DONALD TRUMP.
Y también el uso recreativo de la droga más potente y mortífera que se conozca hasta ahora, como es el fentanilo, cuyos precursores vienen de China, principal rival económico y militar de Estados Unidos a escala planetaria.
CONTRASTE VISIBLE
Pese a su carácter multifactorial, los inéditos traslados de prisioneros sin juicio de extradición y mediante el llamado “procedimiento abreviado”, revelan también fallas profundas en las cárceles de México, agravadas por un sistema judicial convertido en queso gruyere por el dinero del narco.
Eso que llaman el “mercado de la impunidad”. La justicia en permanente subasta, donde cualquier alegato sobre presuntos errores al debido proceso sirve de pretexto para liberaciones injustificables. Mientras millares de reclusos menores (o, de plano, inocentes) siguen atrapados en la burocrática red de la prisión oficiosa.
Gente encarcelada por años, décadas incluso, que al final es liberada con el argumento de “disculpe usted, nos equivocamos”. Mientras delincuentes de alta peligrosidad encuentran el camino a la puerta con relativa facilidad, si tienen abogados lo suficientemente diestros en la compra de jueces o magistrados rufianes.
En este 2025, México se ha librado de gente realmente nociva que ahora estará confinada en celdas americanas de difícil acceso, con posibilidad ínfima de escapatoria y nula comunicación hacia el exterior. Sin embargo, la comparación con la secular negligencia mexicana resulta inevitable.
BUZÓN: [email protected]
