Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
“Cuando los guardianes del gallinero son los zorros, la justicia es un cuento que solo beneficia a sus autores.”
En Tamaulipas, el combate a la corrupción dejó de ser política pública para convertirse en espectáculo de hipocresía.
El caso de Norma Angélica Pedraza Melo, actual Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, es la prueba más clara: mientras encabeza la dependencia que debería ser el filtro de la integridad, sigue cobrando como profesora de tiempo completo en la Facultad de Comercio y Administración Victoria, con un sueldo bruto de $34,742, más el incentivo federal del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
No es un error administrativo, no es una omisión inocente: es una decisión consciente. No solicitó licencia, no renunció a su plaza y no dejó de percibir recursos públicos por una función que, en la práctica, no puede cumplir.
La pregunta es inevitable: ¿puede un ser humano estar en dos empleos de tiempo completo, en áreas tan distintas y exigentes, sin que uno de ellos se vea afectado? La respuesta es igual de inevitable: no.
Doble nómina, doble cinismo.
La ley no deja espacio a interpretaciones. La Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíbe a cualquier servidor público recibir más de una remuneración del erario por actividades incompatibles.
El PRODEP exige presencia y resultados académicos comprobables. Y la Ley Orgánica de la Administración Pública de Tamaulipas obliga a los secretarios a dedicar tiempo completo a su encargo. Pedraza Melo incumple las tres, sin pudor y sin sanción.
Esto no es una sutileza legal; es un fraude al contribuyente. Cobrar dos sueldos incompatibles es apropiarse de recursos públicos bajo la apariencia de legalidad. Y si encima esos recursos incluyen subsidios federales etiquetados para mejorar la educación superior, el agravio es doble: a la universidad y al erario.
¡El PRODEP como botín!
El PRODEP no es un estímulo ornamental. Es dinero que se otorga a quienes cumplen con tareas académicas específicas: docencia, investigación, tutorías, vinculación y gestión académica.
Mantener ese beneficio mientras se ejerce un cargo político de alto nivel es falsear la esencia del programa. Es usar el incentivo como un sobresueldo encubierto, con aval institucional.
El gobernador y su “lobo guardián”.
Nombrar a una persona en evidente conflicto de interés para dirigir la Secretaría de Anticorrupción no es ingenuidad: es complicidad o desprecio por la ley.
En ambos casos, el responsable político es el gobernador Américo Villarreal, quien demuestra que su concepto de “buen gobierno” tolera que la encargada de prevenir la corrupción sea, en los hechos, beneficiaria de una práctica irregular.
El refrán se queda corto: aquí no solo pusieron al lobo a cuidar las gallinas, le dieron las llaves del gallinero y le aplauden mientras se sirve.
No es un caso menor.
Este no es un asunto de género ni un ajuste de cuentas político. Es un caso que desnuda el corazón del problema: quienes deberían ser ejemplo de probidad están dispuestos a explotar vacíos, privilegios y la falta de fiscalización para enriquecerse.
La corrupción no siempre se disfraza con maletines de dinero; a veces se oculta en talonarios oficiales y plazas universitarias intocables. Y lo más grave: cuando se tolera desde la cúspide del poder, el mensaje a la sociedad es devastador: la ley es negociable si tienes el cargo correcto.
La bomba que el gobierno no quiere desactivar.
Mientras no haya sanción, reintegro de recursos y separación del cargo, cada palabra que pronuncie la Secretaria de Anticorrupción sobre “transparencia” será una burla a la inteligencia colectiva.
Y cada día que permanezca en el gabinete será una afrenta para quienes aún creen que el servicio público es un compromiso, no un negocio paralelo.
En Tamaulipas, la corrupción no se combate: se premia, se protege y se institucionaliza… con nombre, apellido y cargo oficial.
