CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Dicen que cuando el río suena, agua lleva. Y en los pasillos del entramado burocrático estatal el rumor tenía semanas recorriendo oficinas, escritorios y grupos de mensajería: se avecinaba un recorte en todas las dependencias públicas. Lo que hasta hace poco era un comentario entre murmullos, ya cobró voz oficial.
El secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, Jesús Lavín Verástegui, confirmó lo que muchos ya sospechaban: habrá una reducción necesaria en las áreas administrativas del estado. La instrucción es clara: cada dependencia deberá evaluar hasta dónde puede disminuir su personal.
No se trata de un ajuste menor. Lavín lo explicó con un diagnóstico tan simple como contundente: la nómina estatal padece de obesidad crónica. Un exceso de personal que, en muchos casos, ya no tiene justificación operativa.
El argumento financiero es difícil de rebatir. Mantener esa carga salarial representa una fuga de recursos que podrían destinarse a obras sociales, infraestructura o programas que beneficien de forma directa a la ciudadanía. El gasto corriente, cuando se infla sin control, termina ahogando la inversión pública.
El anuncio no es menor porque toca fibras muy sensibles. Hablamos de personas, de familias, de historias que dependen de un sueldo quincenal. Es inevitable que el ajuste se traduzca en preocupación, incertidumbre y, para muchos, en un futuro laboral incierto.
Sin embargo, no es menos cierto que este exceso de personal es consecuencia de vicios acumulados a lo largo de décadas. Cada sexenio aportó su cuota de “invitados” a la nómina: amigos, compadres, recomendados, compromisos políticos disfrazados de plazas laborales.
Así, la burocracia tamaulipeca creció no siempre por la necesidad de fortalecer servicios, sino por la urgencia de cumplir favores. Y cuando la lógica administrativa se sustituye por la lógica clientelar, el resultado es previsible: un aparato costoso, lento y poco eficiente.
Lo que el gobierno estatal plantea hoy es, en términos simples, una dieta forzosa para la burocracia. Una medida que, aunque dolorosa, parece necesaria para recuperar movilidad y salud financiera.
Sin embargo, los criterios para decidir quién se queda y quién se va deben ser claros y públicos. De lo contrario, el ajuste podría verse como un ejercicio de revancha política disfrazado de eficiencia.
Es probable que la opinión pública se divida. Habrá quienes aplaudan la medida como un acto de responsabilidad fiscal, y quienes la condenen como un golpe injusto a las familias trabajadoras.
El reto para el gobierno será explicar, con datos y argumentos sólidos, por qué esta reestructuración no solo es inevitable, sino conveniente para el interés general.
Y también deberá demostrar que los recursos liberados efectivamente se canalizarán hacia obras y programas que mejoren la vida de la gente. Porque si el ahorro termina perdido en el laberinto de la burocracia, el sacrificio habrá sido en vano.
En ese mismo sentido, no puede pasarse por alto, además, que un recorte de este tipo podría acarrear un costo político para Morena, el partido en el poder, lo cual podría materializarse en el siguiente proceso electoral.
Y es que, aunque la medida pueda justificarse por razones de eficiencia y finanzas públicas, en el ánimo de quienes pierdan su empleo —y de sus familias— quedará una huella que difícilmente se traducirá en respaldo electoral.
La historia política enseña que las decisiones necesarias no siempre son las más populares, y esa factura suele cobrarse en las urnas.
Quizá por eso, en el pasado, tantos gobiernos optaron por la salida fácil: mantener la obesidad y patear el problema hacia el futuro. Ese futuro, parece, ya nos alcanzó.
Hoy, el gobierno estatal tiene en sus manos la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que la eficiencia y la austeridad no son solo discursos de campaña, sino prácticas de gobierno.
Si logra hacerlo con justicia, transparencia y visión de Estado, este recorte podría ser recordado no como un acto de crueldad, sino como el inicio de una administración más ligera, más ágil y más útil para los tamaulipecos.
ASI ANDAN LAS COSAS.
