Enfoque Sociopolítico |

El modus vivendi es traicionar a quienes le dan la confianza.

Por Agustin Peña Cruz*
El sábado 2 de agosto, la imagen recorrió las redes con la velocidad de un escándalo
anunciado: una camioneta doble cabina JAC, negra, con vidrios polarizados, estacionada
impunemente en un espacio reservado para personas con discapacidad, justo frente a la
presidencia municipal de Altamira. No era cualquier vehículo. Era el del regidor Abelardo
Garcés Reyes.
El lunes 4, durante la celebración de las 200 “mañaneras” —un evento cuidadosamente
diseñado para que el alcalde Armando Martínez Manríquez exhibiera los logros de su
administración—, se presentó la oportunidad para preguntar directamente al regidor por su
falta. La respuesta fue tan reveladora como preocupante: sí, el vehículo era suyo; sí, se
estacionó ahí; pero no fue él, sino su asistente, y por su petición. ¿La razón? Una
“urgencia”.
La excusa suena pobre frente a la letra de la ley. El Capítulo X de la Ley de Tránsito,
artículo 49, no deja margen de interpretación:
“Al infractor de la presente ley […] se le podrá aplicar, de acuerdo a la gravedad de la falta,
una o varias de las sanciones siguientes:
I.- Suspensión, cancelación o retiro de licencia de conducir;
II.- Detención del vehículo automotor y su remisión a las instituciones de resguardo que
correspondan;
IV.- Multa;
V.- Arresto hasta por 36 horas, y
VI.- Trabajo a favor de la comunidad.”
Y el artículo 49 Bis, inciso d), es aún más preciso:
“Desde diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien se
estacione en lugar exclusivo para discapacitados, sin acreditar fehacientemente que el
conductor o alguno de sus ocupantes se encuentra en ese supuesto, sanción que no podrá
ser condonada ni reducida”.
A ello se suma que la fracción II del mismo artículo establece la suspensión de la licencia.
No es solo una infracción administrativa: es un acto que erosiona la credibilidad de un
servidor público. El artículo 118 Constitucional exige ética y buen desempeño a quienes
ocupan un cargo público. Y el artículo 1 Constitucional, párrafo tercero, es contundente:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos […]”.
En cualquier democracia madura, un funcionario atrapado en una falta de este calibre
tendría dos opciones: reconocer el error y enmendarlo, o retirarse discretamente para no
manchar la institución que representa. Garcés eligió un tercer camino: culpar a otros y
victimizarse. Ha acusado al alcalde y a comunicación social de montar una campaña de
desprestigio en su contra. La pregunta es obvia: ¿también le ordenaron estacionarse en el
lugar prohibido?
La ironía es amarga. Abelardo Garcés Reyes, consejero de MORENA, infringe uno de los
principios esenciales del partido: no traicionar al pueblo. Y, al financiar ataques mediáticos
contra el DIF Altamira y la síndico Blanca Leticia Guzmán, abre la puerta a otra pregunta
incómoda: con un salario de alrededor de 46 mil pesos mensuales, ¿de dónde proviene el
dinero para sostener una “campaña negra”?.
El historial no ayuda a limpiar su imagen. Llegó a su actual cargo gracias al abrigo político
de Armando Martínez Manríquez; antes, en el PRD, nunca logró consolidarse. Hoy, el
beneficiario de la confianza es el mismo que dispara contra quien le dio la oportunidad.
Pregúntenle a Cuitláhuac Ortega Maldonado qué significa confiar en Garcés: la respuesta
es un catálogo de traiciones.
Su perfil revela lo que en la política local es un clásico: un aprendiz que confunde suerte con
talento, que intenta proyectar la voz del orador sin el sustento de la retórica, la hermenéutica
o la filosofía política. La Constitución, en sus artículos 34 al 36, nos recuerda que cualquier
ciudadano puede votar y ser votado. Pero también nos advierte —aunque no lo diga con
esas palabras— que el voto, si se entrega sin reflexión, puede convertir el gobierno en un
caos gestionado por quienes ven la ley como un obstáculo menor.
En el fondo, el caso Garcés es un espejo: lo que se tolera, se repite. Si normalizamos que
un regidor use un espacio para discapacitados por “urgencia” y culpe a terceros, mañana
será un presupuesto desviado, una licitación a modo o un acto de represión disfrazado de
política pública.
La fotografía del sábado 2 no es solo una prueba de infracción vial. Es una instantánea del
tipo de político que aún sobrevive en el sistema: aquel que vive del cargo, no para el cargo.
Un hombre para quien la lealtad es intercambiable y la ley, negociable. Y ahí, más que la
camioneta mal estacionada, está el verdadero problema.
Porque al final, Abelardo Garcés Reyes no es un caso aislado: es el recordatorio de que, si
no cuidamos nuestro voto y exigimos rendición de cuentas, el próximo espacio reservado
que ocuparán no será el de discapacitados, sino el de nuestros derechos. Y ese, cuando lo
pierdes, no hay multa que lo recupere.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es [email protected]

• El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales,
  Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista
  investigador independiente y catedrático.