Enfoque Sociopolítico |

Por Agustin Peña Cruz*
En una escena que parece más diseñada para alimentar archivos administrativos que para
proteger a la ciudadanía, la Guardia Estatal en Tamaulipas ha sido observada realizando
“vigilancias” que se resumen en estacionarse frente a escuelas o bancos, posar para una
fotografía y retirarse cinco minutos después. La imagen sustituye al patrullaje real, y la
evidencia gráfica se convierte en símbolo de una política de seguridad superficial. Este
fenómeno, lejos de ser anecdótico, representa una distorsión estructural en el ejercicio de la
función pública y en la rendición de cuentas en materia de seguridad.
El pasado 1 de agosto, a las 16:15 horas, la unidad 1828 de la Guardia Estatal asignada a
Altamira se presentó en la escuela primaria «Mártires de la Revolución». Lo que debió ser
una acción preventiva se convirtió en una sesión fotográfica de cinco minutos, que concluyó
sin mayor inspección ni contacto. Esta práctica no es excepcional; se repite en centros
comerciales, bancos y otros puntos vulnerables en el sur del estado. La comunicación es
clara: se prefiere la simulación de la vigilancia a su ejecución real.
Este tipo de acciones compromete no sólo la percepción pública sobre la seguridad, sino
que vulnera derechos constitucionales y evidencia una grave omisión en el cumplimiento de
deberes institucionales. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) establece con claridad que “todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos”. Y el artículo 21 constitucional (CPEUM) otorga al Estado la
responsabilidad exclusiva de la seguridad pública (a las tres órdenes de gobierno),
precisando que ésta debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, la Guardia Estatal de Tamaulipas parece alejarse de ese mandato. Lo que
vemos no es un cuerpo operativo comprometido con la prevención del delito, sino una
burocracia de la imagen, donde lo que importa no es proteger, sino demostrar que «algo se
hizo», aunque ese algo no haya tenido ningún efecto real. La fotografía se convierte en
documento de cumplimiento, y el patrullaje efectivo se desvanece en la simulación.
En este sentido, cobra relevancia la iniciativa presentada por el diputado local Marcelo
Abundis Ramírez, quien propuso una reforma al Código Penal de Tamaulipas para
endurecer las penas por robos a instituciones educativas, pasando de un máximo de 7 a
hasta 13 años de prisión, además de establecer medidas de reparación del daño. Esta
reforma, que ya fue dictaminada favorablemente en comisiones y espera ser votada en el
pleno, responde a la creciente preocupación de docentes y padres de familia, quienes
incluso han debido organizarse en guardias comunitarias para proteger las escuelas ante la
ausencia del Estado.
Mientras que la situación es alarmante. De acuerdo con cifras del “Semáforo Delictivo”, en
los primeros cinco meses del 2025 se reportaron 955 robos en Tamaulipas: 532 a negocios

y 423 a casas habitación. Dichas cifras, por sí solas, desmontan cualquier intento de
maquillar la seguridad con boletines o fotografías. Pero más grave aún es que estas
omisiones puedan constituir faltas administrativas graves en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que sanciona expresamente
la negligencia, el abuso de funciones y la simulación en el ejercicio de los deberes
institucionales.
Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su correlativa Ley
del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas disponen que la seguridad
debe operar bajo estándares de desempeño medible y responsabilidad institucional. La
vigilancia simulada no solo atenta contra estos principios, sino que expone a las
comunidades —particularmente a las más vulnerables— a una doble victimización: primero
por el delito, y luego por la indiferencia institucional.
Por ello, este problema, que se extiende como sombra sobre la política de seguridad
estatal, no se resuelve con discursos ni reformas aisladas, sino con una revisión profunda
de los mecanismos de control, evaluación y vigilancia del servicio público. La ciudadanía
tiene derecho a saber si quienes ostentan el uniforme están efectivamente cumpliendo su
función o simplemente posando para mantener intacta una narrativa oficial.
La exhortación ciudadana para documentar y denunciar estos hechos no es un acto de
rebeldía, sino un ejercicio legítimo de contraloría social, y se hagan llegar a la oficina del
Gobernador del Estado de Tamaulipas Americo Villarreal Anaya y/o a través de su red
social. En un estado donde las escuelas deben ser custodiadas por padres de familia y los
patrullajes se confunden con sesiones fotográficas, se impone una reflexión crítica: ¿quién
vigila a los vigilantes?.
Por tanto, la respuesta debe venir del Estado mismo, de sus instituciones, de su voluntad de
enmendar el rumbo. Porque la seguridad pública no es una coreografía de cámaras y
boletines: es una obligación constitucional, ética y política que no admite simulaciones.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es [email protected]

• El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales,
  Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista
  investigador independiente y catedrático.