-El nuevo término jurídico se presta para el abuso del poder
-Lo ocurrido en Campeche y Tamaulipas obliga a la revisión
-Personal de Tribunal de Justicia revisará y calificará la información
H. Matamoros, Tamaulipas.-Legisladores, jueces y magistrados de tribunales locales no debieran pasar por alto que el gobierno de México mantiene convenios internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
Las decisiones recientes en los estados de Puebla, Campeche y Tamaulipas contravienen lo estipulado en los acuerdos internacionales signados y, por ende, ninguna legislatura o tribunal local debe hacer caso omiso a tales disposiciones.
En Puebla, el gobernador ALEJANDRO ARMENTA decidió acotar y controlar la libertad de expresión en las redes sociales, penalizando a los ciudadanos que utilicen el ciberespacio para realizar críticas, obviamente, en clara protección a funcionarios públicos.
En Campeche, la mandataria LAYDA SANSORES por medio de Poder Judicial Estatal sancionó penal y civilmente al periodista JORGE LUIS GONZÁLEZ VALDEZ a quien le atribuye críticas a su persona y gobierno, sin tomar en cuenta que ella hace lo mismo con sus rivales políticos en su programa “Los Martes del Jaguar”.
En Tamaulipas, la ex consejera jurídica del gobierno estatal y presidenta electa del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, TANIA CONTRERAS LÓPEZ, logró que el tribunal electoral local sancionara al periodista HÉCTOR DE MAULEÓN y al periódico El Universal en donde publica sus artículos.
La violencia política en razón de género y la presunta violación de las garantías constitucionales son los argumentos de quienes tienen el poder local y pretenden acallar las críticas de los ciudadanos inconformes, pero, a la vez, violentando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los acuerdos internacionales signados por el gobierno federal.
Justo ahí es donde, los representantes populares que son los diputados y los representantes de las entidades federativas que con los senadores, debieran debatir en el Congreso de la Unión para evitar que legislaturas y tribunales locales se pasen por el “arco del triunfo” tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
De lo antes expuesto, lo más grave y lamentable ocurre en Campeche y Tamaulipas donde es evidente la complicidad de jueces y magistrados locales con quienes detentan el poder político.
Juzgue usted:
En la entidad ubicada en el sureste mexicano, la jueza de control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio, ANA MARIBEL DE ATOCHA HUITZ MAY, dictó nuevas medidas cautelares contra el periodista GONZÁLEZ VALDEZ y el periódico Tribuna que contemplan la asignación de interventores del Tribunal Superior del Estado para revisar y calificar sus contenidos antes de publicarlos. Asimismo, tanto el comunicador como el medio informativo tienen estrictamente prohibido referirse a la gobernadora de Campeche, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN.
La jueza HUITZ MAY precisa en su resolutivo “que no se impide la libertad de expresión, pero que hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la víctima, o sea la gobernadora”. Por lo tanto, el decano del periodismo campechano en lo sucesivo será acompañado por un censor oficial al momento de grabar algún programa o bien durante una conferencia de prensa.
Es decir, personal del Poder Judicial del Estado de Campeche se convertirán en auditores fiscalizadores de información en franco atentado a las libertades de prensa y expresión por obra y gracia de la mandataria en un acto autoritario orientado a eliminar las críticas a su persona y a su gobierno.
En la esquina noreste del país, Tamaulipas, el abuso del poder se hace presente con el proceso judicial que enfrentan el columnista capitalino HÉCTOR DE MAULEÓN y el periódico El Universal al incurrir presuntamente en violencia política en razón de género en contra de la ex consejera jurídica del gobierno estatal, TANIA CONTRERAS LÓPEZ.
La futura presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas se dice agredida por un texto que publicó el columnista en donde la señala como cuñada de un líder huachicolero que en su momento fue denunciado por el ex secretario de la Defensa Nacional, General LUIS CRESCENCIO SANDOVAL. El 1 de mayo del año en curso, DE MAULEÓN publicó el artículo titulado “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”.
Sin embargo, para el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) consideró el 23 de junio, que ni el periódico ni el columnista incurrieron en violencia política en razón de género en contra de TANIA CONTRERAS LÓPEZ. No obstante, en nuevo resolutivo con fecha 3 de julio de 2025 el IETAM resolvió que ambos sean inscritos durante cuatro años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
¿Cómo la ve?
DESDE EL BALCÓN:
I.-Si bien es cierto que en ocasiones la libertad de prensa y expresión se convierte en libertinaje, también es una verdad de a kilo que poco a poco el poder político está sometiendo a medios de comunicación y comunicadores y, al mismo tiempo, violentando los derechos de periodistas y defensores de los derechos humanos.
Ni hablar.
Y hasta la próxima.
