Columna Opinión Económica y Financiera.

Dr. Jorge A. Lera Mejía.

Entre noviembre de 2024 y junio de 2025, México perdió aproximadamente 318,000 puestos formales de trabajo, una cifra que confirma la tendencia de destrucción de empleo formal en tres meses consecutivos: abril, mayo y junio. Esta caída en el empleo formal es de una magnitud no vista desde recesiones pasadas, a excepción de los efectos de la pandemia de 2020.

Tan solo en diciembre de 2024 se perdieron más de 405,000 empleos formales, el peor registro mensual en la historia del IMSS para el cierre de año.

Para comparar, en todo 2024 se crearon únicamente 214,000 empleos formales, cuando se necesitarían más de 1 millón al año para absorber la fuerza laboral que se incorpora anualmente.

Los empleos formales se entrelazan con los informales

La proporción de la población empleada en la informalidad subió a 54.5% desde el tercer trimestre de 2024 y se ha mantenido en ese nivel, rompiendo la tendencia a la baja que se observaba desde 2012.

El valor de la participación de la economía informal en el PIB alcanzó el 24.8% en el primer trimestre de 2025, su nivel más alto desde que hay registros. Esto significa que prácticamente una cuarta parte de la economía mexicana opera en la informalidad.

En los primeros meses de 2025, la informalidad aumentó en casi 372,000 trabajadores entre enero y febrero, reflejando que «la pérdida de empleos formales ha empujado a muchos a buscar refugio en empleos sin seguridad social ni prestaciones». Un claro entrelazamiento de sustitución.

Analistas coinciden en señalar varios factores:

  • Mayor carga regulatoria y aumentos anuales significativos al salario mínimo.
  • Restricciones a la subcontratación (“outsourcing”) y mayores obligaciones laborales (como seguridad social obligatoria para plataformas digitales) que encarecen el empleo formal.
  • Desconfianza empresarial y disminución de la inversión privada en un contexto de baja expectativa de crecimiento y mayores costos laborales.

Estas políticas han favorecido la migración de empleadores y trabajadores del sector formal al informal o incluso el cierre de empresas pequeñas y medianas «Pymes» por incapacidad de absorber los nuevos costos.

Pese a la caída en el empleo formal, la narrativa del gobierno insiste en que se están impulsando políticas para crear puestos de trabajo.

Las medidas principales incluyen: Aumentos al salario mínimo superiores a la inflación, formalización obligatoria para trabajadores de plataformas digitales, recorte de la jornada laboral y expansión de prestaciones sociales.

El mercado laboral enfrenta un periodo de estancamiento y deterioro en la calidad del empleo, caracterizado por la pérdida de empleos formales y el auge de la informalidad.

Las reformas laborales, aunque bien intencionadas para mejorar condiciones y salarios, están generando consecuencias no previstas: menos trabajo formal disponible y mayor refugio en la economía informal, con los riesgos sociales y económicos que esto implica para la sostenibilidad del crecimiento de México.