Columna Rosa, sólo para Mujeres.
Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos y Dr. Jorge A. Lera Mejía.
Integrantes ONG «América Sin Muros».
En los Estados Unidos, las congresistas latinas María Elvira Salazar (republicana por Florida) y Verónica Escobar (demócrata por Texas) han presentado una propuesta bipartidista conocida como la Ley Dignidad.
Esta iniciativa surge como respuesta a la pérdida de mano de obra migrante en sectores clave como la agricultura, la construcción y los servicios, consecuencia directa de las políticas antiinmigrantes y las redadas masivas.
Contexto Histórico: El Programa Bracero
Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos enfrentó una severa escasez de mano de obra agrícola al convocar a sus jóvenes al frente bélico. Para paliar esa crisis, en 1942 se recurrió al «Programa Bracero», mediante el cual trabajadores mexicanos cubrieron la demanda en el campo y otros sectores esenciales. El acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos permitió la entrada legal y temporal de millones de braceros, lo que fue vital para mantener la economía necesaria para el esfuerzo de guerra y evitar el desabasto alimentario y productivo.
Situación Actual:
Hoy, la raíz del déficit de mano de obra es diferente: las políticas de criminalización y deportación masiva, han resultado en una merma aguda de migrantes dispuestos a trabajar en sectores tradicionalmente sostenidos por esta población.
La retórica y acciones han promovido:
- Redadas indiscriminadas y deportaciones masivas de inmigrantes mexicanos y centroamericanos.
- Campañas mediáticas y legislativas antiinmigrantes, intensificando el clima de odio y miedo.
- Estancamiento de reformas migratorias que podrían regularizar la situación de millones de trabajadores indocumentados.
Esta dinámica repite viejos errores históricos y ahonda problemas estructurales en el mercado laboral, afectando tanto a la economía como a la reputación humanitaria del país.
La Ley Dignidad, considerada por sus impulsoras como una respuesta “realista y de sentido común”, busca:
- Ofrecer un estatus legal renovable de siete a diez años a inmigrantes que hayan residido de manera continua por al menos cinco años en EE.UU. sin antecedentes criminales, con la obligación de pagar multas y cumplir requisitos determinados.
- Mejorar y ampliar programas de visas temporales para trabajadores agrícolas y otros sectores esenciales.
- Modernizar el sistema de inmigración e introducir caminos controlados para la regularización, sin otorgar necesariamente la ciudadanía de manera automática.
- Reforzar la seguridad fronteriza con inversiones tecnológicas y la creación de “campus humanitarios” para el procesamiento digno de solicitantes de asilo.
De forma similar al contexto del Programa Bracero, cuando la economía estadounidense requirió del aporte migrante por razones estructurales, hoy la Ley Dignidad emerge como un intento de canalizar de manera legal, ordenada y humana una necesidad recurrente: la mano de obra inmigrante como pilar del crecimiento económico y del bienestar social, frente a políticas restrictivas motivadas por oportunismo político y discursos excluyentes.
