Desde que el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza fue designado como director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se temía que iba a implementar políticas sumamente controvertidas, como la que acaba de anunciar acerca de vender a precios módicos las casas del organismo que han sido invadidas, cuya idea va en contra de los intereses de los derechohabientes que las abandonaron, pero lo más grave es que fomentará la ocupación ilegal de las viviendas.
Después de que dejó a Petróleos Mexicanos (Pemex) en bancarrota se creía que el ingeniero agrónomo jamás ocuparía otro cargo público por ser un pésimo administrador, pero resulta que fue premiado con la dirección general del Infonavit y ahora pretende vender casas que no son del organismo a pesar de que muchos de los derechohabientes que abandonaron sus viviendas no han pagado sus créditos y acumulan intereses que se han vuelto impagables.
Romero Oropeza aseveró que la legalización de las viviendas abandonadas del Infonavit fue autorizada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya afirmación está en duda porque se creará un problema mayor porque atenta contra la propiedad privada.
Sí en verdad quisiera resolver el problemas de las casas abandonadas del Infonavit debería primero ofrecer diversos planes de refinanciamiento a los derechohabientes morosos para que paguen sus créditos, puesto que la mayoría dejaron de cubrir sus cuotas porque se quedaron sin trabajar o por tener otras deudas que les impide cumplir con sus obligaciones.
El gobernador Pablo Lemus Navarro de Jalisco de inmediato aseveró que no permitirá que se lleva a cabo está política que atenta contra la certeza jurídica, incluso señaló en forma textual: “me parece muy delicado porque eso motiva la ilegalidad”.
Y explicó que: “todas las viviendas, por abandonadas que estén, tienen dueño, por lo que no permitirá invasiones irregularidades con el pretexto de beneficiar a los que menos tienen”.
Seguramente otros mandatarios también se opondrán a la “barata de casas abandonadas” que pretende organizar el actual director general del Infonavit, por más que se pretenda aparentar que será una política de bienestar social para quienes ocupan en forma ilegal estas viviendas.
Por otra parte, el presidente del Consejo Mexicano de la Familia (CMF), Juan Dabdoub Jacoman, criticó la reciente aprobación de la reforma del Código Civil que hizo el Congreso Local para prohibir las llamadas terapias de reconversión en la entidad, puesto que según él no les da oportunidad a quienes buscan cambiar su orientación sexual en forma voluntaria.
Desafortunadamente para Dabdoub Jacoman existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que prohíbe precisamente las llamadas terapias de reconversión luego de que se aprobó una reforma en el 2024 que le da sustento legal en la actualidad.
Aunque el activista sostiene que la homosexualidad no es una condición innata, puesto si alguien adquirió esta orientación de manera inconsciente, también podría modificarla conscientemente a través de terapias.
En contraste, diversos estudios han documentado que las terapias de reconversión pueden provocar depresión, ansiedad y hasta pensamientos suicidas, incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha condenado estos métodos al considerarlos dañinos y discriminatorios.
En fin, por más que el activista Dabdoub Jacoman se oponga a la reciente reforma del Congreso Local para prohibir las llamadas terapias de reconversión, lo cierto es que no habrá marcha atrás y sólo le queda atender en forma clandestina aquellos casos que busquen cambiar su orientación sexual.
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