Columna Económica y Financiera especial.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
Investigador nacional Nivel 2 del Conahcyt. Línea de investigación Desigualdad, Migración y Remesas. [email protected]
INTRODUCCIÓN:
El gobierno mexicano humanista, en la búsqueda de llevar a cabo una gran transformación buscando el bienestar de la mayoría de la población representada por la base social de los más pobres, calculada en cerca de 70 millones de los 130 millones de los mexicanos, hoy se encuentra en «una encrucijada presupuestaria».
Me refiero que el gobierno federal de la 4T, que desde 2018 aplica una política social privilegiando «primero a los pobres», ha requerido financiar una base presupuestaria duplicando el gasto social a programas asistencialistas denominados «del Bienestar», como son:
1) pensiones para adultos mayores y 2) personas con discapacidad, 3) becas para estudiantes de educación básica y superior, 4) apoyo a jóvenes desempleados (Jóvenes Construyendo el Futuro), y 5) programas para el fomento de la agricultura y el desarrollo rural.
A lo largo de poco más de seis años, el Gobierno de la Cuarta Transformación reconfiguró el gasto público para orientar un total de 7.9 billones de pesos a los Programas para el Bienestar y obras públicas de infraestructura que benefician a la población objetivo aquí señalada.
Sin embargo, a partir del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, las finanzas públicas se han venido apretando para poder seguir financiando los apoyos del bienestar, al grado de tener que descuidar parte de los programas etiquetados en el gasto corriente, incluyendo los apoyos a Estados y Municipios, lo que se presenta como el mayor reto de este gobierno, que se sintetiza por las declaraciones del secretario de Hacienda y Crédito Público:
«Mantener finanzas públicas sanas con la reducción del déficit y la deuda, es indispensable para financiar la estrategia del bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contenida en el Plan México», Edgar Abraham Amador Zamora. 15/05/2025.
ANTECEDENTES:
La evolución reciente de las finanzas públicas mexicanas presenta un escenario complejo, donde la contracción presupuestaria y el aumento del servicio de la deuda generan tensiones estructurales.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 prevé una reducción real del 1.2% en el gasto federalizado, equivalente a 32,300 millones de pesos menos para estados y municipios.
Paralelamente, los pagos por intereses de la deuda pública crecieron 15% anual en el primer trimestre de 2025, alcanzando 267,499 millones de pesos.
DESAFÍOS:
Este contexto plantea tres desafíos interrelacionados:
- Presiones sobre el gasto social y de infraestructura
Salud y educación: Los recortes al Ramo 33 (aportaciones federales) impactan directamente en programas sociales. El presupuesto para salud pública muestra una caída real del 4.1%, mientras el gasto en educación básica enfrenta restricciones por la disminución de 243,760 millones en el gasto programable.
Infraestructura crítica: El mantenimiento de carreteras y líneas eléctricas depende cada vez más de la inversión estatal, cuyo presupuesto se reduce en 1.8% real para 2025. La Secretaría de Infraestructura recibe un incremento nominal de 51,467 millones, insuficiente para cubrir necesidades acumuladas.
- Crisis latente en el sistema de pensiones
Pensiones de empresas estatales: Pemex, CFE y LFC mantienen esquemas de beneficio definido que pagan hasta el 100% del último salario, con costos que representan 1.7% del PIB. Estos compromisos chocan con la realidad fiscal: el servicio de la deuda de Pemex creció 42% interanual.
Fondo de Pensiones para el Bienestar: Con 46,976 millones de pesos, solo cubre complementos a pensiones mínimas (3,000-4,000 pesos mensuales). Su diseño actual no resuelve el déficit actuarial de los sistemas de seguridad social, estimado en 4.5% del PIB para 2030.
- Las Afores como colchón financiero contingente
El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) acumula 17.5 billones de pesos, equivalente a 347,415 millones de dólares. Ante la restricción presupuestaria, surgen dos escenarios polémicos:
Uso directo: Nacionalizar parcialmente los recursos de las Afores para financiar gasto corriente, mediante mecanismos como bonos gubernamentales de rendimiento garantizado. Esto generaría distorsiones en los mercados de capitales y pondría en riesgo el ahorro privado.
Aprovechamiento indirecto: Implementar esquemas de inversión forzosa en proyectos de infraestructura mediante Certificados de Desarrollo del Gobierno Federal (Cedevis). Esta opción mantendría la titularidad de los recursos, pero limitaría su rentabilidad.
SOLUCIONES ORTODOXAS SE ENFRENTAN A LA REALIDAD:
Desde la perspectiva económica convencional, las alternativas incluyen:
Reforma fiscal integral: Aumentar la recaudación del 13.5% al 15% del PIB mediante impuestos prediales y al patrimonio, aunque políticamente costoso.
Reestructuración de deuda: Renegociar vencimientos y tasas con tenedores de bonos, aprovechando la actual baja de tasas globales.
Racionalización de pensiones: Establecer topes máximos de 10 salarios mínimos y migrar a esquemas de contribución definida para nuevos trabajadores del Estado.
No obstante, la viabilidad de estas medidas se enfrenta a la realidad política mexicana. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado en 2024, muestra la preferencia por mecanismos de solidaridad intergeneracional antes que ajustes estructurales. Mientras, las Afores siguen creciendo a tasas del 13.8% anual, convertidas en el principal mecanismo de ahorro nacional pero vulnerables a tentaciones de expropiación financiera.
A MANERA DE CONCLUSIÓN:
El margen de maniobra se reduce a elegir entre:
a) Aceptar un deterioro gradual en servicios públicos clave
b) Implementar reformas impopulares con costos políticos inmediatos
c) Arriesgar la estabilidad del sistema financiero mediante el uso no convencional de fondos pensionarios.
La historia económica sugiere que los países en esta encrucijada suelen optar por combinaciones peligrosas de las tres opciones, generando crisis sistémicas diferidas en el tiempo.
