Columna Opinión Económica y Financiera dominical.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
La jubilación digna, ese anhelo de terminar la vida laboral con seguridad y bienestar, se ha convertido en un sueño cada vez más inalcanzable tanto en países desarrollados como emergentes y en vías de desarrollo. El envejecimiento poblacional, la informalidad laboral y la fragilidad de los sistemas de pensiones ponen en jaque la promesa de un retiro seguro.
En los países desarrollados, si bien la cobertura de pensiones es alta y la pobreza en la vejez se ha reducido notablemente, el sistema enfrenta retos estructurales. El envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad presionan las finanzas públicas, pues cada vez hay menos trabajadores activos por cada jubilado. Según la Administración del Seguro Social (SSA), el 45% de los trabajadores en Estados Unidos se jubila antes de los 65 años, pero la sostenibilidad del sistema está en duda a medida que aumenta la esperanza de vida y la proporción de adultos mayores. Además, la decisión de cuándo jubilarse impacta directamente en el monto de los beneficios, y la mayoría de los estadounidenses depende casi exclusivamente del Seguro Social para cubrir sus necesidades básicas en la vejez.
En América Latina y el Caribe, la situación es aún más precaria. Alcanzar la jubilación es un desafío mayúsculo: se estima que una de cada tres personas mayores de 65 años sigue trabajando, incapaz de acceder a una pensión que le permita retirarse dignamente. La alta informalidad laboral —uno de cada dos trabajadores es informal— y la baja cobertura de los sistemas de seguridad social excluyen a millones de adultos mayores. Además, la región enfrenta una transición demográfica acelerada: para 2050, casi el 19% de la población será mayor de 65 años, el doble que en 2024, lo que incrementará la presión sobre sistemas ya deficitarios.
En México, el panorama es alarmante. Los principales fondos de pensiones —ISSSTE, IMSS y las Afores— están en riesgo de quiebra. El IMSS ha reconocido que dos de sus cinco seguros son deficitarios y que podría enfrentar insuficiencia financiera, mientras que el ISSSTE opera con la mayoría de sus fondos en números rojos, dependiendo de transferencias federales para sobrevivir. Las causas son múltiples: bajo crecimiento económico, crisis recurrentes y el uso de los salarios como ancla inflacionaria, lo que ha erosionado la base de cotizantes y los ingresos de los fondos.
En los países en desarrollo, menos del 20% de los adultos mayores recibe una pensión, y la mayoría depende de la ayuda familiar para sobrevivir. Las reformas han intentado ampliar la cobertura, pero las prestaciones siguen siendo insuficientes para garantizar una vida digna tras el retiro.
Las desigualdades económicas influyen decisivamente en que algunos países desarrollados cuenten con mejores sistemas de jubilación que otros. En las economías con menor desigualdad, los sistemas de pensiones tienden a ser más sólidos, universales y generosos, mientras que, en contextos de mayor desigualdad, la cobertura y suficiencia suelen ser más limitadas.
En los países desarrollados con menor desigualdad, como los nórdicos y los Países Bajos, existe una fuerte tradición de políticas redistributivas y gasto social elevado, lo que permite financiar sistemas de pensiones amplios y sostenibles.
Por otra parte, la ilusión de alcanzar una cobertura universal de retiro mediante los llamados programas del Bienestar, como es el caso de «Adultos Mayores», sufren un desataste ante la pérdida de presupuesto en México.
El país enfrenta retos significativos para continuar ampliando y operando programas asistenciales como el de Adultos Mayores debido a la falta de ingresos presupuestales y el elevado nivel de deuda pública. El presupuesto para 2025 muestra recortes importantes en salud pública, con una reducción del 11% en el gasto total del sector salud y un recorte del 34% en recursos para población sin seguridad social, que incluye a muchos beneficiarios de programas asistenciales. Además, el Fondo de Salud para el Bienestar, que cubre enfermedades de alto costo, ha sufrido una caída del 74.2% en su saldo, limitando aún más la capacidad de atención.
La sostenibilidad de estos programas depende de la capacidad del gobierno para aumentar ingresos tributarios y mejorar la eficiencia del gasto público. La OCDE recomienda ampliar la base tributaria y eliminar exenciones para incrementar ingresos sin elevar tasas impositivas, lo que ayudaría a financiar programas sociales sin comprometer la sostenibilidad de la deuda. Sin estas medidas, la continuidad y expansión de programas como el de Adultos Mayores están en riesgo frente a la presión fiscal y la deuda pública creciente.
Así, la «jubilación digna» parece alejarse para millones de personas en México y todo el mundo, atrapadas entre sistemas insostenibles, economías informales y el implacable avance del tiempo. El reto es global y exige reformas profundas, consensuadas y sostenibles para que el retiro no siga siendo un privilegio, sino un derecho universal.
AUTORITARISMO COMPETITIVO EN MÉXICO:
La democracia mexicana enfrenta una amenaza creciente debido al avance del autoritarismo y el populismo competitivo. En los últimos años, el discurso populista ha servido como plataforma para el fortalecimiento de prácticas autoritarias, especialmente bajo el liderazgo de figuras que concentran el poder y minimizan los contrapesos institucionales. El caso de México es ilustrativo: el gobierno actual ha impulsado reformas al sistema electoral y judicial, buscando debilitar la autonomía de órganos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral, pilares fundamentales para la equidad y transparencia en las elecciones. Más reciente se observa el control del Poder Judicial bajo la narrativa de ser electos jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, al grado de rechazar las críticas expuestas esta semana por los observadores de la OEA.
Este proceso se acompaña de una retórica que polariza a la sociedad, presentando al gobierno como representante exclusivo del “pueblo” y descalificando a quienes defienden la institucionalidad y la división de poderes. La animadversión hacia la prensa independiente, la sociedad civil y el conocimiento experto se traduce en acoso, amenazas y limitaciones presupuestarias que obstaculizan el funcionamiento de los órganos de control democrático. Así, la democracia formal se mantiene, pero el campo de juego se distorsiona hasta dificultar la competencia real de la oposición, configurando un régimen híbrido o autoritarismo competitivo.
La fragilidad de la democracia mexicana se agrava por la debilidad económica y la baja confianza social en las instituciones, lo que facilita la aceptación de discursos que prometen soluciones rápidas a problemas estructurales. Si persiste esta tendencia, México corre el riesgo de consolidar un sistema donde las elecciones existen, pero no garantizan alternancia ni rendición de cuentas, y donde la concentración del poder erosiona los cimientos democráticos.
«Recientemente, han surgido nuevos regímenes autoritarios competitivos en países con fuertes instituciones democráticas, lo que genera inquietudes sobre la difusión del autoritarismo competitivo a Occidente». Steven Levitsky (profesor David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos y profesor de gobierno en la Universidad de Harvard).
