● La maldición en la Dirección de Comunicación Social…

Por Agustín Peña Cruz*
Tampico, Tamps.- En el entramado del poder público local, la Dirección de Comunicación
Social del Ayuntamiento de Tampico ha pasado de ser una oficina de difusión
gubernamental a convertirse en un centro de gravedad donde confluyen intereses
personales, opacidad administrativa, simulación institucional y, recientemente, la sospecha
de actos que podrían configurar responsabilidades administrativas e incluso penales.
Todo comenzó con la llegada de Rubén Echeverría Rodríguez a la Dirección de
Comunicación Social, un perfil cercano a la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya,
hermana del gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. El
nombramiento, aunque políticamente estratégico, no alcanzó a consolidarse: Echeverría
Rodríguez falleció repentinamente a pocos días de haber asumido el cargo, lo que generó
un vacío institucional que no fue cubierto conforme a los principios de legalidad, eficiencia y
responsabilidad administrativa establecidos en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
Desde entonces, la dependencia ha operado en una especie de interregno, en el que la
titularidad formal no ha sido ejercida, pero sí ha existido un ejercicio fáctico del poder. De
acuerdo con información recabada a través de fuentes extraoficiales, fue Florencio
Fernández, esposo de la actual tesorera municipal, Silvia Santamaría Góngora, quien —sin
nombramiento alguno y sin facultades legales para ejercer actos de autoridad— comenzó a
autorizar facturas y montos importantes superiores a los 30 mil pesos por factura desde el
área de comunicación, presuntamente sin contratos firmados por la propia alcaldesa ni
aprobación del Cabildo.
Estas acciones, de comprobarse y de las cuales ya trabaja un auditor interno dedicado al
tema, podrían configurar violaciones a los principios de legalidad, honradez y lealtad al
servicio público previstos en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, además de posibles actos constitutivos de desvío de recursos públicos o
uso indebido de funciones.

INTENTO DE RESTABLECER EL ORDEN: LA LLEGADA DE MIGUEL GARAY
Frente al caos institucional, el 23 de abril fue designado Miguel Garay Ávila como nuevo
titular de la Dirección de Comunicación Social. Su llegada fue percibida como un intento por
restablecer el orden jurídico y administrativo en la dependencia. Sin embargo, su gestión

duró apenas unas semanas, a pesar de que la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya habría
prometido un restablecimiento positivo de la relaciones públicas. Según fuentes internas del
ayuntamiento, Garay Avila se enfrenta a una estructura de poder informal, encabezada por
la tesorera Silvia Santamaría Góngora, quien ha sido señalada como una operadora política
cercana e incondicional a la presidenta municipal.
Garay Avila, imposibilitado para ejercer sus funciones por obstáculos internos, presentó su
renuncia, -ayer 3 de junio, justo en su onomástico 70-, lo cual constituye no solo un fracaso
institucional sino una omisión grave de la autoridad superior que debió garantizar
condiciones para el adecuado ejercicio de la función pública.

¿QUIÉN MANDA REALMENTE?: EL PODER TRAS EL PODER
La operación de la Dirección de Comunicación Social sin un titular con nombramiento
formal, sumado a la injerencia de personas sin vínculo jurídico-laboral directo con la
administración pública, configura una serie de posibles irregularidades que deben
investigarse desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador, pero también
penal, en tanto pueda haber uso indebido de atribuciones, usurpación de funciones y
malversación de recursos públicos.
Hay que considerar que, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental establecen con claridad la
obligación de documentar, autorizar y justificar todo gasto público, lo que no ha ocurrido
conforme al debido proceso administrativo. La omisión de la firma de contratos o la
autorización informal de pagos representa un quebrantamiento del marco normativo que
rige el uso del erario.

ADMINISTRACIÓN BAJO SOSPECHA
La presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, tiene la responsabilidad directa —como
superior jerárquico y representante legal del municipio— de garantizar que cada
dependencia opere conforme al marco normativo. La ausencia de control efectivo, la
tolerancia a poderes fácticos en el interior del ayuntamiento y la falta de transparencia en
los procedimientos administrativos, no solo comprometen la legitimidad de su gobierno, sino
que abren la puerta a la intervención de órganos de fiscalización y control, tanto estatales
como federales.
Por tanto, el caso de la Dirección de Comunicación Social de Tampico no es un simple
escándalo interno. Es, en términos técnicos, un posible ejemplo de captura institucional,
donde el poder formal queda sometido a voluntades informales con capacidad de decisión,
fuera del marco legal. Por ello, se podría señalar que este escenario, la “maldición” de
Rubén Echeverría Rodríguez no parece sobrenatural: es la consecuencia de una política
pública que ha abdicado de la legalidad, y de un sistema administrativo donde el poder no
se ejerce con responsabilidad, sino con impunidad.

• El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales,
  Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista
  investigador independiente y catedrático.