CONFIDENCIAL
Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA
Los asesinatos de los cinco integrantes del grupo musical “Fugitivo” no solo estremecieron a Tamaulipas por su crueldad. También sacudieron los cimientos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, al exhibir —una vez más— sus profundas grietas.
Lejos de disipar las dudas, el manejo del caso por parte de la Fiscalía ha multiplicado la desconfianza. El hallazgo de los restos calcinados y la detención de nueve presuntos implicados debieron representar una respuesta institucional sólida. Sin embargo, han derivado en más preguntas que respuestas, más enojo que alivio, y más incertidumbre que justicia.
La indignación no solo proviene de los familiares de las víctimas, sino también de quienes han sido detenidos como presuntos responsables. Todos coinciden en un punto: la Fiscalía ha actuado con torpeza, insensibilidad y, quizá, con dolo.
El punto de quiebre fue la decisión de anunciar el hallazgo de los restos sin haber informado previamente a las familias. Un acto que, por sí solo, basta para retratar la falta de humanidad y profesionalismo con que opera el aparato de procuración de justicia.
Pero hay más. Una serie de inconsistencias, algunas de ellas tan elementales que escapan a la lógica más simple, hacen que el ciudadano común dude —y con razón— de la veracidad de la versión oficial. La narrativa construida por la Fiscalía no convence ni al más crédulo.
Por eso no sorprende que el escándalo haya escalado. El caso Fugitivo ha reavivado los señalamientos sobre el desastre administrativo y operativo que impera en la Fiscalía desde que Irving Barrios Mojica tomó el control de la institución.
Barrios Mojica arrastra un pasado que lo condena. Fue uno de los arquitectos del fallido “michoacanazo” de 2009, cuando se fabricaron delitos a decenas de alcaldes michoacanos, todos ellos detenidos con gran despliegue mediático… y liberados, tiempo después, por falta de pruebas. Una operación de justicia simulada que hundió carreras políticas, desató una crisis institucional y dejó en ridículo al Estado mexicano.
Ese antecedente debería haber sido suficiente para impedirle volver a encabezar una fiscalía. Pero en Tamaulipas, como tantas veces, la lógica es lo de menos.
El rezago en la Fiscalía es alarmante. Se habla de más de 20 mil carpetas de investigación sin resolver. Veinte mil víctimas esperando justicia, veinte mil historias archivadas entre el polvo y la omisión. A eso se suman miles de órdenes de aprehensión sin ejecutar, lo que equivale a miles de presuntos delincuentes aún en libertad.
La incapacidad de la Policía Investigadora, que debería ser la columna vertebral del sistema acusatorio, completa el retrato de una institución estancada, burocratizada y, en muchos casos, inoperante.
Nunca antes el sistema de procuración de justicia en Tamaulipas había estado tan colapsado. No hay estrategia, ni voluntad, ni liderazgo. Solo simulación y discursos vacíos.
Barrios Mojica no enfrenta una crisis de imagen. Enfrenta una crisis de legitimidad. La ciudadanía no le cree. Lo ven más como un operador político que como un fiscal. Y eso es, en cualquier democracia, una condena anticipada.
Es cierto: su mandato concluye en noviembre. Pero seis meses son una eternidad cuando cada día emerge una nueva historia de dolor, de injusticia o de abuso institucional.
La Fiscalía necesita una sacudida. Una limpia de fondo que comience desde la cúspide y alcance hasta el último escritorio. No bastan ajustes menores. Hace falta cirugía mayor.
ASI ANDAN LAS COSAS.
