Columna Opinión Económica y Financiera.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
Las elecciones judiciales del próximo domingo 1 de junio y la reforma al Poder Judicial han generado alertas entre expertos y sectores económicos, con posibles daños primarios y secundarios en tres frentes clave:
Inversiones públicas y privadas
La politización de la judicatura y el riesgo de injerencia de grupos de interés en las elecciones judiciales amenazan la certeza jurídica, pilar fundamental para las inversiones. Ministros como José Ramón Cossío Díaz advierten que la elección de jueces en un contexto de influencia de la delincuencia organizada y grupos empresariales depredadores podría debilitar el contrapeso institucional, generando desconfianza en las reglas del juego. Estudios de Stanford Law School señalan que esto institucionalizaría el control de grupos de poder sobre la justicia, afectando proyectos de largo plazo en sectores estratégicos como energía y telecomunicaciones.
Renegociación del T-MEC (septiembre 2025)
La Confederación Patronal (Coparmex) anticipa que la reforma judicial será un punto crítico en las renegociaciones del T-MEC a partir de septiembre de 2025. Estados Unidos y Canadá buscarían incluir cláusulas que protejan a sus empresas ante un sistema judicial percibido como vulnerable a intereses políticos. Esto podría derivar en presiones comerciales adicionales, similar a los aranceles del 25% impuestos por EE.UU. a autos importados en marzo de 2025, exacerbando tensiones económicas.
Nearshoring y cadenas de suministro
Aunque México captó 36,872 millones de dólares en inversión extranjera en 2024, la incertidumbre jurídica y la infraestructura limitada ponen en riesgo el impulso del nearshoring. Empresas como Amazon y Walmart planean inversiones por 14,200 millones de dólares, pero enfrentan desafíos como:
Cuellos de botella logísticos en puertos y corredores industriales.
Escasez de talento especializado en manufactura avanzada.
Fragilidad institucional, que podría alejar a 400 empresas previstas para establecerse en 2025.
La combinación de un Poder Judicial percibido como no autónomo, presiones en el T-MEC y vulnerabilidades en cadenas de suministro podría frenar el crecimiento económico proyectado por Hacienda del 2.8% para 2025, mismo que el Banco de México ajustó esta semana a una expectativa de crecimiento del PIB al 0.1% al corte del año, especialmente si no se aborda la desconfianza en las instituciones y la competitividad logística.
