Columna Opinión Económica y Financiera.

Dr. Jorge A. Lera Mejía.

La posible aprobación del impuesto del 3.5% a las remesas en el Senado estadounidense marca un punto crítico en las relaciones económicas y migratorias entre Estados Unidos y México. Aunque la Cámara de Representantes ya avaló la medida —reducida del 5% inicial—, su destino final depende de un Senado dividido y de presiones políticas internas. Analistas señalan que la bancada republicana, impulsora de la reforma fiscal de Donald Trump, buscará consolidar este gravamen como parte de su agenda de control migratorio y recaudación. Sin embargo, la oposición de legisladores demócratas y del caucus hispano —que califican la medida como «injusta» y «discriminatoria»— podría complicar su aprobación, especialmente ante el argumento de que afectaría a 40 millones de personas, incluidos residentes legales y titulares de visas de trabajo.

Contexto político en Estados Unidos
El impuesto, aplicable solo a migrantes sin ciudadanía estadounidense, ha generado un debate polarizado. Por un lado, republicanos insisten en que es un mecanismo para «proteger la economía local»; por otro, detractores subrayan que penaliza a comunidades que ya contribuyen con impuestos y sostienen sectores clave como la agricultura y la construcción. La presión internacional también juega un rol: el gobierno mexicano, mediante el secretario Marcelo Ebrard y la presidenta Claudia Sheinbaum, ha alertado sobre el riesgo de «doble tributación» y prometido movilizaciones si el gravamen se concretara. A esto se suma la advertencia del Senado mexicano, que en mayo de 2025 rechazó la medida por considerar que incentivaría el flujo informal de remesas.

Impacto en las familias receptoras
De aprobarse el impuesto, las consecuencias económicas serían inmediatas. En México, 11% de los hogares depende de remesas, porcentaje que supera el 13% en estados del occidente, bajío y sureste. Para estas familias, los envíos representan hasta el 40% de sus ingresos, destinados principalmente a alimentación, educación y vivienda.

TAMAULIPAS: En Tamaulipas, estado fronterizo con alta densidad migrante, el efecto sería particularmente severo:

Reducción del poder adquisitivo: Un impuesto del 3.5% equivaldría a una pérdida anual promedio de 770 millones de pesos para el estado (38.5 millones de dólares), considerando que en 2024 recibió cerca de 20 mil 500 millones de pesos en remesas (mil 16 millones de dólares).

Aumento de la pobreza: El 22% de la población tamaulipeca vive en pobreza moderada, según Coneval. Una merma en las remesas exacerbarla esta condición, especialmente en zonas rurales.

Inseguridad financiera: Ante el aumento de costos, muchas familias optarían por canales informales para evadir el gravamen, exponiéndose a fraudes o pérdidas.

Afectación a municipios urbanos y rurales de Tamaulipas: En Tamaulipas, los municipios de Tampico, Madero y Altamira recibieron en conjunto 160 millones de dólares en 2024, la afectación sería clara, se estima que el impuesto podría reducir en 5.6 millones de dólares las remesas solo en la zona conurbada y en 38.5 millones de dólares a nivel estatal.

Si se aprueba el impuesto del 3.5% a las remesas, municipios rurales como Tula, Miquihuana, Bustamante y Palmillas, Tamaulipas, perderían una parte significativa de los recursos que sostienen su economía familiar y comunitaria, donde más del 40% de su PIB depende de las remesas.

OPCIONES: Aunque la administración Trump insiste en que el impuesto es «necesario», su aplicación enfrenta obstáculos legales y logísticos. Por ejemplo, distinguir entre remesas de ciudadanos y no ciudadanos requeriría una infraestructura bancaria más robusta, algo que actualmente no existe. Además, países como México podrían recurrir a mecanismos de retaliación comercial, afectando sectores estratégicos para EE.UU., como la exportación de maíz o gasolina.

La decisión del Senado estadounidense no solo definirá el futuro de millones de familias migrantes, sino que también pondrá a prueba la diplomacia económica entre ambas naciones. Mientras los legisladores debaten, comunidades enteras en México —incluyendo Tamaulipas— esperan con incertidumbre, conscientes de que su estabilidad económica pende de un hilo político.

Por lo pronto, el gobierno mexicano se ha visto desprotegido, el envío de una representación plural del Congreso no tuvo grandes resultados. Ahora se anuncian manifestaciones populares en nuestro territorio, luego que no prosperó realizar las mismas en Estados Unidos…