Golpe a golpe

Por Juan Sánchez Mendoza

La elección de juzgadores, a 18 días de la jornada comicial, no despierta el interés poblacional. Y sí, por el contrario, abona a la suspicacia de que sólo es una simulación para ‘disfrazar’ la imposición de ministros, magistrados y jueces, como siempre ha sido, pero ahora con un embozo democrático.

Tal desinterés ciudadano, sería capitalizado precisamente por quienes ostentan y se disputan el poder en sus tres expresiones: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, al orientar el voto estructural conforme a su propio provecho.

Así que les vale gorro si fulano, mengano o zutano salen a votar, pues, lo sé de buena fuente, entre menor sea la participación ciudadana las listas elaboradas en los pináculos del poder habrán de atenderlas los ejércitos de burócratas que serían obligados a plasmar, en las boletas, los números, en serie, que les hayan ‘recomendado’ en sus centros laborales.

Habrá también otros ‘acordeones’, seguramente:

a) Los elaborados por la oposición, orientados a sufragar por sujetos a su servicio; y lo que es peor:

b) Listas confeccionadas por grupos criminales que atenderían ‘tropas’ también a su servicio, para adjudicarse plazas judiciales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reconocido que en la justa se han colado aspirantes que responden a intereses criminales.

También lo ha aceptado el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, aunque éste no reconoce que, por opacidad del Poder Legislativo para certificar sus propuestas, a la justa se incorporaron abogados que han sido acusados, aún lo son, de mantener vínculos con grupos criminales.

Por otra parte, asoma un mar de aspirantes cándidos a ser jueces que, sin tener carrera en el servicio judicial, se aventuraron a participar –en este proceso–, apostándole a la inercia del voto inconformista contra candidatos oficialistas.

Pero, por lo que observo, con posibilidades mínimas de triunfo, ya que carecen, en su mayoría, de identificación con los núcleos poblacionales en que se desenvuelven y, peor todavía, en su campaña ni siquiera han dado una explicación al electorado de cuál sería su función y/o alcance, en caso de resultar electos.

Unos, por quizá mantenerse enfrascados en el estudio jurídico.

Otros, por poco haber ejercido la profesión.

Y los más, considero, se postularon sólo pa’ ver si la pegan y resultan jueces.

La constante en ellos, es que les faltan tablas.

Pena capital

Terminar con la violencia en México es harto difícil, pero no imposible, si en verdad hubiera intención gubernamental. Y por más enérgica que fuera una estrategia encaminada a recuperar la seguridad, evidentemente la apoyaría el conglomerado social que cansado ya está de tantos crímenes.

El mejor recurso sería aplicar la pena muerte a los delincuentes, tras la comprobación de su culpabilidad; como a los funcionarios corruptos que sin reparo alguno los protegen.

Prueba de que esta medida funciona se dio en Singapur –en el 2000–, cuando Lee Hsien Loong tomó las riendas del gobierno que heredara de su padre, Lee Kuan Yew, castigando con trabajos forzados a narcotraficantes, criminales y violadores confesos, pero aplicándoles la pena de muerte a los más repetitivos, aunque se tratara de servidores públicos, políticos, policías o militares.

A la fecha, es uno de los países con mayor desarrollo económico.

Y, lo mejor, de los más seguros y pacíficos del mundo.

Empero, en un sistema de gobierno tan corrompido como el nuestro, la complicidad seguramente evitaría el castigo capital.

Los funcionarios del área de seguridad, en sus discursos, han ofrecido implantar medidas drásticas, pro sin atreverse a explicar en qué consisten.

De cualquier manera, insisten en el tema y hasta ofrecen que en breve habrán de exponer los pormenores de un nuevo proyecto.

De ahí se agarran sus oponentes políticos para desacreditarlo hasta la saciedad, sin tomar en cuenta que fue precisamente en sus establos donde otrora se dio patente de corso a los grupos delincuenciales para operar, sin restricción alguna, a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Por tanto, ¿es o no descabellada su intención?

Recuérdese que fue durante los regímenes priistas cuando surgieron y hasta eso con inmunidad los cárteles –repartiéndose el territorio nacional–, ‘pero sólo para traficar con drogas y contrabando’, según se dice; y, a partir del 2006 (al estrenarse Felipe Calderón Hinojosa como presidente), cambió el ‘acuerdo’, al decretarse una lucha sin cuartel contra los grupos delictivos, no afines al presidente (en turno), que produjo el nacimiento de las bandas hoy dedicadas a la extorsión, el chantaje y el secuestro, así como a la ejecución sanguinaria de sus víctimas.

Antes y aún, han aparecido involucrados políticos militantes de todos y cada uno de los partidos políticos, por lo que resulta insensato escupir para arriba.

Y más, cuando ejemplos existen de sobra para probar su participación, en actos ilícitos, aunque algunos se hayan dado en lo ‘oscurito’, allá en los tiempos de Vicente Fox Quesada, Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

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