Por Luis Enrique Arreola Vidal.
La elección judicial de 2025 no es un simple proceso burocrático. Es una guerra silenciosa por el alma de Tamaulipas.
Mientras el Senado y la Cámara de Diputados denuncian 26 candidaturas federales al Poder Judicial por vínculos con el crimen organizado, abuso sexual y corrupción, en Tamaulipas la situación no es mejor: es más opaca, más peligrosa y más ignorada.
El Fiasco Federal: Un Espejo para Tamaulipas.
A nivel nacional, el escándalo ha explotado.
Candidatos como Jesús Humberto Padilla Briones, procesado por delitos contra la salud, o Diana Montserrat Partida Arámburo, quien liberó a un operador de “El Chapo”, encabezan una lista que debería indignar a cualquier defensor del Estado de Derecho.
Entre los impresentables también están Arturo César Morales Ramírez, ligado a la delincuencia organizada desde 2007, y Francisco Herrera Franco, conocido como “el fiscal del terror” por su supuesta complicidad en asesinatos de periodistas.
¿Qué hizo el INE? Imprimió las boletas.
¿Qué hará el Tribunal Electoral? Quizás anular las candidaturas.
Pero eso no impedirá que estos nombres estén en las urnas. La legalidad se convirtió en un trámite decorativo.
Tamaulipas: Un Proceso Judicial Bajo Sospecha.
El estado publicó desde enero una lista de 332 aspirantes a 147 cargos judiciales, incluyendo magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, jueces de primera instancia y jueces menores.
Sin embargo, información confidencial obtenida por fuentes con acceso a investigaciones en curso revela un patrón alarmante: varios candidatos enfrentan procesos legales o tienen familiares directos investigados por delincuencia organizada en México y EE.UU.
Pero el gobierno de Américo Villarreal Anaya impulsa este proceso con una peligrosa ligereza.
La supuesta “insaculación sin incidentes” de los Comités de Evaluación no es garantía de nada cuando no se publican los expedientes, no hay auditorías independientes, ni se verifica el historial de vínculos criminales o patrimoniales.
Cuando la Justicia Puede Ser Secuestrada.
Tamaulipas tiene memoria. Y la historia de este estado no es neutra: Tomás Yarrington purga condena por lavar dinero del narco, y las elecciones recientes en México ya fueron señaladas por la DEA como infiltradas por el crimen organizado.
Hoy, 24 renuncias de candidatos (16 hombres y 8 mujeres) en Reynosa, Río Bravo y Matamoros —focos rojos del narco— son más que una estadística: son gritos de advertencia.
Además, plataformas como “Candidatas y Candidatos, Conóceles” del IETAM son meras simulaciones, con solo un tercio de los perfiles completos.
¿Qué esconden los demás? ¿A quién protege el silencio institucional?
Nombres Bajo el Reflector.
Entre los nombres que figuran para magistraturas está el de Tania Gisela Contreras López, ex consejera jurídica del Ejecutivo estatal.
Pero su postulación no puede analizarse sin hacer preguntas fundamentales:
¿Es cuñada de Juan Carlos Madero Larios?
Y si la respuesta es sí: ¿Sus posiciones en el gobierno de Tamaulipas forman parte de un esquema de cuotas, pagos y compromisos con grupos delincuenciales vinculados al huachicol?
Estas no son preguntas retóricas.
Son preguntas de Estado.
Y merecen respuestas públicas antes de que una magistratura se convierta en un blindaje judicial para intereses oscuros.
La mayor amenaza, sin embargo, se encuentra en los jueces de primera instancia, quienes juzgarán delitos penales en zonas donde el narco dicta sentencias por su cuenta.
Basta un solo juez corrupto para que se derrumbe toda la cadena de justicia.
¿Qué Hacer? Tres Soluciones Urgentes:
1. Verificación exhaustiva de antecedentes: No es opcional. Debe incluir cruces con bases de datos criminales nacionales e internacionales.
2. Transparencia total: Declaraciones patrimoniales, académicas y familiares deben ser públicas, auditables y verificables por organizaciones independientes.
3. Participación ciudadana real: No se puede confiar el futuro del sistema judicial a cúpulas políticas. Urge un mecanismo de contraloría social y auditoría cívica.
El Tiempo de Actuar es Ahora.
Tamaulipas está en una encrucijada histórica.
O exige un Poder Judicial íntegro, o acepta ser gobernado por jueces que obedecen al crimen, no a la ley.
La ciudadanía no puede ser espectadora. Debe ser protagonista.
Cada voto, cada denuncia, cada exigencia pública puede frenar una catástrofe judicial.
Porque si la justicia cae —como ya lo ha hecho en otras partes del país— no habrá ejército, gobierno ni promesa que nos devuelva la paz.
La historia ya nos observa. Y esta vez, no aceptará el silencio como excusa.
