Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
De los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 9 serán relevados en la elección a celebrarse el próximo uno de junio, porque este año se vence el término legal por el que fueron nombrados; y seguirán en funciones sólo dos: Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama.
Hasta antes de la reforma judicial, todos eran inamovibles, aun cuando representan intereses mezquinos de sus padrinos políticos, quienes ahí los impusieron con la legitimación de la Cámara de Senadores (en turno).
Otrora, los ministros solo podrían abandonar definitivamente al cargo por cualquiera de estos motivos: 1) conclusión del periodo; 2) renuncia, que sólo era procedente por causas graves que debería calificar el jefe del Poder Ejecutivo y aprobar o negar la cámara alta; y 3) la jubilación voluntaria, que procedía sólo cuando el interesado solicitara su retiro (siempre que reúna las condiciones de edad y antigüedad).
En sus excesos de abuso monetario, los ministros aún se dan una vida de lujo con cargo al erario –más que ningún otro funcionario público– como lo relaté en otra colaboración. Y en cuanto al abuso de poder, éste se ha extralimitado hasta el grado de ser ellos precisamente los que resolvían las controversias constitucionales que de origen son competencia exclusiva del Congreso de la Unión (cámaras de diputados y senadores).
Eso les permitió invalidar decretos, leyes, reglamentos y el castigo a sátrapas que cometieron incalificables actos de corrupción en perjuicio de México.
Así que no los perdamos de vista.
Mientras tanto le documento sobre sus padrinos políticos, a los que les deben el favor de ser ministros y a quienes guardan fidelidad.
1) Felipe de Jesús Calderón Hinojosa impuso a cuatro de los actuales:
+ Luis María Aguilar Morales, comenzó su etapa como ministro el 1 de diciembre de 2009.
+ Jorge Mario Pardo Rebolledo, designado el 10 de febrero de 2011 es a partir del 4 de enero de 2023 presidente de la primera sala.
+ Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, tomó posesión el 22 de noviembre de 2012.
+ Alberto Pérez Dayán, propuesto el 22 de noviembre de 2012. Cuenta con carrera judicial.
2) Enrique Peña Nieto logró colocar a dos:
+ Javier Laynez Potisek, propuesto el 10 de diciembre de 2015 (cuenta con carrera judicial).
+ Norma Lucía Piña Hernández (presidenta de la SCJN), propuesta el 10 de diciembre de 2015. Cuenta con 34 años de carrera judicial.
3) Andrés Manuel López Obrador en su ejercicio logró colocar a cinco, aunque uno de ellos le ‘chaqueteó’:
+ José Luis González Alcántara Carrancá, quien asumió el cargo el 20 de diciembre de 2018.
+ Yasmín Esquivel Mossa –propuesta el 12 de marzo de 2019– ocupó la presidencia de la segunda sala hasta el 2 de enero de 2023, cuando tuvo que renunciar al cargo directivo por problemas académicos.
+ Ana Margarita Ríos Farjat, fue propuesta el 5 de diciembre de 2019.
+ Loretta Ortiz Ahlf, fue ungida el 12 de diciembre de 2021, aunque el Senado de la República la confirmó hasta el 23 de noviembre (mismo año) y será hasta el 22 de noviembre de 2036 cuando acabe su mandato.
+ Lenia Batres Guadarrama, fue ungida para ocupar el período de 2024 a 2039.
Por cierto, los afines a AMLO son: Yasmín, Ana Margarita, Loretta y Lenia.
En este 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá una nueva composición debido a la reforma judicial y a la conclusión de los mandatos de los ministros actuales.
A partir del 31 de agosto próximo, la SCJN será integrada por nuevos ministros elegidos en las elecciones del 1 de junio venidero, para designar a cinco mujeres y cuatro hombres para ocupar los cargos en disputa.
Hay que recordar que, en octubre de 2024, ocho ministros de la SCJN presentaron su renuncia ante el Senado, efectiva a partir del 31 de agosto del año que cursamos.
En lo sucesivo durarán en el cargo 15 años, según la reforma judicial.
Hasta la fecha, ninguno de los candidatos a ministros, igual que quienes buscan ser magistrados y jueces de distrito –en el caso de la contienda federal–, ha penetrado con fuerza en el ánimo poblacional, lo que lleva a suponer que en las urnas sólo se registraría una participación estructural, ya que los ciudadanos de a pie poco interés muestran por la justa.
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