Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
Hace un par de días, en este mismo espacio, le comenté que la balanza de los juzgadores, regularmente, se inclina en favor de sus clientes y/o socios, respondiendo a intereses mezquinos; y que ni estando tan cerca la jornada comicial para elegir ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito la práctica se ha corregido, en lo mínimo.
Inclusive, hasta el momento no sé de ninguna acción que en su contra haya tomado el Consejo de la Judicatura pese a existir pruebas fehacientes de su mal proceder, pero en cambio, sí un abierto proteccionismo por parte del organismo vigilante de la actuación judicial.
Y prueba de ello, es la permanencia de Faustino Gutiérrez Pérez en el sistema judicial, aunque ahora como juez penal de Matamoros.
Este individuo, quien hasta hace unos meses despachara en Reynosa como juez Octavo de Distrito, fue quien les otorgó innumerables amparos a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sus prestanombres y parentela a fin de evitar que fueran aprehendidos, pese a estar bien documentados sus ilícitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, entre otros.
Hay más casos de juzgadores al servicio de políticos malhechores que este día daría a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según su propio ofrecimiento, desgranando así la mazorca para retirarle de una vez por todas los granos podridos… que son casi todos.
En la víspera, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, exhaló esta advertencia que no puede tomarse a la ligera: “existe una cofradía de jueces y magistrados corruptos en Tamaulipas, que han operado como red de protección para el ex gobernador prófugo Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.
Sobre el señalamiento del diputado, me comentan que éste no es una acusación política, sino una denuncia con nombre, apellidos y números de expedientes. Una acusación harto reveladora de cómo al sistema judicial lo han utilizado para servir a intereses personales y no al Estado de derecho.
Usted sabe que el caso de García Cabeza de Vaca es paradigmático, ya que durante su gobierno –y aún después de dejarlo–, logró mantener a su servicio una escolta de casi 40 elementos, pagada con dinero público.
Un privilegio inadmisible. Y cuando se intentó retirársela –siendo ya ex gobernador–, los jueces Gutiérrez Pérez y Juan Fernando Alvarado López intervinieron otorgándole amparos para que conservara esos ‘guaruras’ con cargo al erario.
No para defender sus derechos humanos ni las libertades civiles. Pero sí, blindándolo como un político con señalamientos graves pese a su actual estatus de prófugo de la justicia.
Sin embargo, esto va más allá de dos jueces.
El presidente del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, Mauricio Fernández de la Mora, también ha sido señalado por su papel en esta red.
Y peor aún: la jueza Carmen Ávila, esposa del juez ‘jubilado’ Gutiérrez Pérez, fue designada como sustituta del juez suspendido, confirmando así que en el sistema judicial existe una red familiar, institucional y política que no busca justicia, sino que busca impunidad para el clan y para quienes les pagan por sus servicios.
Esta situación exhibe la dimensión real de lo que está en juego con la reforma al Poder Judicial. No se trata de un cambio técnico o de una simple reorganización. Se trata de romper con un modelo donde los jueces actúan como abogados personales de los poderosos, donde la justicia se negocia y donde la impunidad se firma en papel membretado.
La denuncia de Gutiérrez Luna en el Palacio Legislativo de San Lázaro debe marcar un antes y un después.
Y es que ya no basta con suspensiones administrativas ni exhortos simbólicos, pues la ciudadanía exige acción como: destituciones, procesos penales imparciales y una limpieza real del aparato judicial.
La reforma judicial es la oportunidad de poner fin a tantos vicios.
Y es, también, la última llamada para rescatar el brazo justiciero de las manos de quienes la han convertido en su negocio privado.
Cicuta
Los senadores José Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal Ávila, ambos de Movimiento Regeneración Nacional (morena), están impedidos para ser candidatos del membrete guinda (en 2027) a las gubernaturas de Guerrero y Zacatecas, respectivamente.
A ellos va dedicada la ‘Ley electoral Sheinbaum’ contra el nepotismo, ya que el primero es padre de la mandataria Evelyn Cecia Salgado Pineda; y el otro, hermano del jefe del Ejecutivo estatal, David Monreal Ávila.
Sin embargo, todos los gobernadores, senadores, diputados federales, alcaldes y legisladores estatales de ese mismo membrete deben poner sus barbas a remojar.
¿Qué, no?
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